Por: Cristina de la Torre

Parecidos que matan

CON LOS ÚNICOS PRECEDENTES DE jefes nazis, dictadores argentinos de los años 70 y el yugoslavo Milosevic, han condenado a Fujimori por violación de los Derechos Humanos.

“Autoría mediata” de asesinato y secuestro es la figura que se le aplica y compromete a quien comete un delito por interpuesta persona. Siendo Presidente, el peruano contrajo responsabilidad política por la masacre de 25 personas a manos del grupo paramilitar Colina; y por el secuestro de otras dos en instalaciones del servicio de inteligencia del ejército, en desarrollo de la guerra sucia que culminó con la derrota de las guerrillas. Luego se le comprobó al ex mandatario responsabilidad penal en la eliminación de aquellas personas, asesinadas por simple sospecha de asociación con el terrorismo. El rumor creciente —con origen en medios cercanos al gobierno— de que el presidente Uribe buscaría una segunda reelección para eludir la acción de la justicia internacional, completaría un cuadro de semejanzas con la experiencia de Fujimori que alarma e invita a reflexión.

Con amplio respaldo de opinión, Fujimori venció la inflación y doblegó a la subversión. Pero con ello se sintió autorizado a cerrar el Congreso y las Cortes, y a cambiar la Constitución de modo que él pudiera aspirar a un tercer período. En Colombia, el anhelo de reducir a las Farc rindió a la sociedad a los pies del primer pantalonudo que las desafió de frente. Tres, cuatro golpes bastaron para que éste fungiera como enviado de Dios y, en ataque perpetuo de ira santa, terminara por brincarse las instituciones de la democracia. También Uribe habrá usurpado todos los poderes públicos con el poder abrumador de su persona y se hará reelegir para un tercer período.

Aunque guardando proporciones, la sentencia del juez peruano aviva el clamor que se ha alzado en Colombia para que el Gobierno sanee sus propias filas y mande juzgar a criminales mediatos o inmediatos que, al amparo del poder, cargan ya con numerosas víctimas. En Lima comprobó el fiscal que Fujimori había autorizado “violaciones a los derechos humanos como método para combatir a presuntos guerrilleros (…) en muchos casos sólo civiles inocentes”. Que el grupo paramilitar Colina había participado en aquella estrategia clandestina de Fujimori contra la subversión, de cuyas ejecutorias conocía el mandatario desde su creación como escuadrón de aniquilamiento del ejército. Y que al proyecto se había sumado el propio servicio de inteligencia del Estado.

Injusto como sería precipitarse en analogías que sacrifican las singularidades de cada proceso, cabe sorprenderse, sin embargo, con el extraordinario parecido del caso peruano con el reciente perfil de la guerra en Colombia. Aquí el DAS, órgano de inteligencia que depende del Presidente, terminó al parecer controlado por las mafias y acondicionado como aparato de persecución política. Sectores considerables de las Fuerzas Armadas se aliaron con paramilitares para producir miles de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Pero el Gobierno hace muy poco para conjurar el horror. No se defiende la democracia asesinando o haciendo la vista gorda frente a los asesinos; ni violentando a la propia democracia.

Lo mismo que Uribe, Fujimori protagonizó en persona todos los actos de su gobierno. En su lucha sin cuartel contra el terrorismo, el peruano acudió a todos los medios, legales o ilegales. Si de “autoría mediata” se trata, a Fujimori lo habrían castigado por mucho menos de cuanto le cabría a nuestro gobierno. Si el presidente Uribe obligara a rectificar a tiempo, no necesitaría hacerse reelegir.

 

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