Por: Cartas de los lectores

Paro judicial

Desde la vigencia de la Ley 4ª de 1992, los funcionarios y empleados de la Rama Judicial han venido demandando su estricto cumplimiento, dado que si bien se ha implementado la nivelación salarial de los magistrados de las cortes, tribunales y delegados de la Fiscalía General de la Nación ante tales instancias, contrario sensu, los jueces municipales y del circuito, al igual que los fiscales delegados que ejercen sus funciones frente a dichos operadores judiciales, como también los empleados de todos los órdenes de la jerarquía judicial, no han logrado aún tan anhelada y justa reivindicación salarial.

De tal suerte, que la referida ley, mediante la cual se señalan las normas, los objetivos y los criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, se ha cumplido a medias y en forma desigual, en tanto que satisfizo apenas los intereses de los funcionarios del más alto rango, creando de suyo una inequidad que el Ejecutivo debe solucionar, al tiempo que dispuso que dentro del mismo término se debía revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la “nivelación o reclasificación” atendiendo criterios de equidad, sin que a la fecha y habiendo transcurrido 20 años, durante los cuales los trabajadores agremiados en Asonal Judicial, han realizado solicitudes respetuosas y cuatro (4) ceses de actividades, todavía el Gobierno Nacional ha hecho oídos sordos a sus peticiones, haciendo patente el menoscabo de los derechos laborales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía. 

Empero, lo que resulta más insólito es que después de que en la mal llamada reforma judicial, que en buena hora hubo de ser dejada sin vigencia, el Estado prometió a los trabajadores un presupuesto suficiente para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, incrementando en buena parte los salarios de los jueces, fiscales y empleados, mientras que ahora de manera inexplicable ha anunciado un recorte ostensible en las arcas de la justicia, al tiempo que ofrece un reconocimiento “generoso” consistente en dar aplicación a la citada ley durante el término de quince (15) años, lo que obliga a que el Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general de la Nación se pronuncien de forma vehemente y categórica, exigiendo un trato digno y decoroso para los administradores de justicia.

Por lo tanto, es más que justa la protesta que realizan los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Orlando Morales. Bogotá. 

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