Por: Cartas de los lectores

¿Paro o huelga judicial ilegal?

Bien saben los abogados que un ‘paro’ es un cese ilegal de actividades laborales y que las consecuencias son procesos penales y disciplinarios que no constituyen de modo alguno persecución laboral, sino el debido proceso contra quienes con su actuar ilegal quebrantan la Constitución.

Así las cosas, la organización Sed de Justicia apoya a los funcionarios judiciales en sus peticiones laborales, pero reprocha el medio utilizado por los funcionarios toda vez que pueden acudir a las vías ordinarias que ofrece el derecho para la consecución de sus pretensiones, es decir, el propio ordenamiento jurídico les ofrece a los funcionarios judiciales las vías de derecho sin necesidad de acudir a medios tan violentos como un paro judicial, pues es una vía de hecho que lacera como espada de doble filo derechos fundamentales de los ciudadanos, desamparando así a quienes deben acudir a las acciones de tutela, a los niños que esperan que un juez les proteja el derecho a alimentarse y todos aquellos derechos fundamentales que se encuentran bajo la protección del servicio público esencial de la administración de justicia.

La administración de justicia es un servicio público de carácter esencial y no se puede permitir que las mismas autoridades que lo administran sean quienes promuevan un cese ilegal de actividades. Claro está que el derecho es una ciencia que exige a los abogados, y con mayor razón a jueces y magistrados, una máxima de responsabilidad social.

La organización Sed de Justicia apoya los derechos laborales que pretenden los funcionarios judiciales, pero igualmente reprocha que mientras exigen mejoras laborales nada hacen para mejorar el servicio de la administración de justicia. Observamos con preocupación los procesos constitucionales como la tutela y las acciones populares, donde los funcionarios muestran una especial aberración, pues no les basta la lentitud de los procesos sino que además profieren una serie de fallos que atentan contra los derechos humanos.

Los funcionarios judiciales exigen prebendas pero no son recíprocos con la ciudadanía, pues la gran mayoría de funcionarios, casi todos ellos con orígenes de provincias deprimidas, reflejan su resentimiento social desquitándose con el abogado litigante y con el ciudadano. La organización Sed de Justicia clama justicia a los funcionarios judiciales solicitándoles de manera respetuosa que reflexionen en esta jornada de cese ilegal de sus actividades laborales.

 

Óscar Santodomingo Payeras.  Presidente Organización 

Sed de Justicia.

 

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