Por: Columna del lector

Paro por la vida y la justicia social

Por Diana María Ramírez Sarmiento

Los proceso enmarcadores, entendidos como aquellos valores, esquemas conceptuales y marcos cognitivos que cohesionan a las comunidades en torno a una reivindicación común, se han configurado como uno de los principales catalizadores de los movimientos sociales. De la adecuada estructuración de estos procesos depende, en gran medida, que la acción colectiva alcance sus objetivos de manera exitosa o que fracase en el intento.

Si bien los procesos enmarcadores que le han dado sentido al paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre han sido efectivos, pues se están sumando cada vez más sectores movidos por el desencanto y la indignación, estos podrían reformularse estratégicamente para captar participantes que representen a sectores políticos y sociales que pocas veces se han sumado a marchas relacionadas con asuntos de interés nacional.

Lo anterior no implica no tomar posturas políticas al respecto de la situación del país, implica que se tenga en cuenta el contexto y que se actúe de manera estratégica, buscando, principalmente, blindar al paro de los ataques de aquellos que lo deslegitiman por considerarlo un mecanismo desestabilizador de la democracia.

Colombia reúne diversos componentes que han dificultado el desarrollo pacífico y masivo de la protesta social. Ha sido un país caracterizado por presenciar la represión estatal, los actos violentos por parte de los manifestantes y la incapacidad para controlar/rechazar a quienes promueven el vandalismo. Además, es un país con una cultura política pasiva y conformista, impregnada por el arribismo (creer que marchar refleja precariedad socioeconómica o un “estatus” inferior), la estigmatización de la protesta y de ciertos movimientos sociales, la persecución política, el miedo a sufrir represalias, la ausencia de liderazgos que superen los sectarismos y rencores heredados, entre otros.

Teniendo en cuenta estos factores, resulta pertinente, para ampliar la convocatoria al paro, articularlo en torno a dos pilares que deben trascender la polarización e incluir a sectores que, si bien pudieron ser votantes del presidente Duque, tienen algunas inconformidades con acciones concretas del Gobierno. Estos dos pilares son: la defensa de la vida y la justicia social.

Por un lado, movilizarse para defender la vida puede sustentarse desde evidencias plurales. Es necesario marchar por la vida y la salud de los campesinos que van a padecer los efectos nocivos de las aspersiones con glifosato; es necesario marchar porque bajo el gobierno Duque se han aumentado los asesinatos de líderes sociales y porque no se han tomado acciones contundentes para la defensa de sus vidas, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado; es necesario marchar por las vidas de los 18 niños -hasta ahora reportados- que fueron víctimas de una descuidada bomba del Ejército, por lo absurdo que resulta que el Gobierno haya ocultado este lamentable suceso, por la indolencia de algunas de sus declaraciones y por la crueldad del reclutamiento de menores por parte de los criminales.

Por otro lado, el salir a marchar motivados por el anhelo de justicia social debe comprenderse en clave de humanidad y no de ideología política. Marchar para oponernos a las posibles reformas tributarias y pensionales del ministro Carrasquilla, quien en anteriores gobiernos ya ha promovido e implementado medidas que afectan a las clases medias y bajas; para rechazar el significativo aumento del desempleo, los altos niveles de desigualdad y la falta de condiciones laborales justas que contribuyan a la movilidad social; para proteger el medioambiente y las comunidades periféricas del fracking; para defender a los animales y a los ecosistemas que están en riesgo por resoluciones gubernamentales problemáticas.

Lograr que el paro se traduzca en cambios concretos requiere procesos enmarcadores amplios e incluyentes, que le apunten a conectar con la opinión pública, a articular población dispersa, a fomentar redes de solidaridad entre diferentes grupos poblacionales y a activar la empatía en aquellos que están sumidos en la desesperanza. También es esencial que la acción colectiva sea pacífica, organizada y en el marco de la legalidad; esto con el fin de evitar que los prejuicios sobre la protesta se perpetúen y otorgar la legitimidad que merece el derecho fundamental a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Las protestas sociales son expresiones legítimas de la voluntad popular y herramientas democráticas que amplían el ejercicio de la ciudadanía, por eso resulta primordial canalizar la indignación hacia cambios transformadores y ampliar su alcance a partir de procesos enmarcadores incluyentes.

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2019-11-18T00:00:05-05:00

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2019-11-18T00:30:01-05:00

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