Por: Brigitte LG Baptiste

Paro verde

La angustia por el cambio ambiental global y la gestión adecuada de los motores de degradación nacionales o locales están siendo componentes visibles de las marchas y protestas de estos días, en conjunto con otra docena de temas que constituyen una amalgama de malestares complejos de desentrañar, con niveles mixtos de información, valores relativamente compartidos y perspectivas inciertas de solución. En muchos casos, como se observa en las propuestas de algunos colectivos, las exigencias se centran en cuestiones complejas relacionadas con ideas de sostenibilidad genéricas en los discursos globalizados, tales como la resistencia al fracking, el uso y comercio de fauna y flora silvestres, la deforestación, el control de la minería ilegal y la necesidad de entrar a la era de las energías renovables, sobre las cuales hay orientaciones y acuerdos internacionales, pero poca implementación.

La situación, independientemente de que la gente cuente o no con el conocimiento adecuado, de que esté actualizada en normatividad y gobierno o tenga claridad de los fundamentos empíricos que sustentan los reclamos (tema recurrente de estas columnas), refleja un componente esencial de la desesperanza de los jóvenes enfrentados a niveles de deterioro ambiental creciente que no está siendo confrontado por los gobiernos en muchos lugares del mundo. La lentitud en la adopción de medidas en cualquiera de estos temas, resultado de las mínimas inversiones de recursos públicos, es evidencia del desajuste de las percepciones acerca de la importancia de los temas sociales críticos: la crisis climática, por ejemplo, es una espada terrible sobre la cabeza de los jóvenes que tal vez a los mayores no preocupa tanto, salvo que entiendan que nadie va a poder o querer pagar sus pensiones.

Afrontar la crisis ambiental sigue siendo un reto profundo de la gobernabilidad contemporánea y, a pesar de la idea de adoptar unas transiciones para movernos rápidamente hacia un mundo más sostenible sin un traumatismo generalizado, no parece haber la diligencia requerida. Por el contrario, la desconfianza crece, el tiempo corre y la situación se agrava, con lo cual las tensiones también se agudizan y en la efervescencia se aprovechan diversas fuerzas para reposicionarse, normalmente no las que tienen las mejores intenciones o con poca capacidad de hacerlo fuera de los estereotipos simplistas.

Cualquier diálogo nacional que se establezca deberá considerar el peso que las decisiones de política ambiental tendrán en la pacificación del país, pues estas demandas no se solucionarán de la misma manera que otros temas: las tendencias no mejorarán, la única opción es el diseño de una cultura de adaptación. El riesgo es que el miedo nos paralice y pretendamos replegarnos a un mundo premoderno, donde la capacidad de generar recursos para apalancar la transición se vea severamente afectada, pues, aunque el modelo en colapso abra paso a otras alternativas, la realidad de los costos de las reformas no desaparecerá. Colombia estaría mejor posicionada que la mayoría de países para afrontarlo, pero se requiere conciencia de la materialidad de las aspiraciones que se plantearán: ningún modelo de sociedad puede convivir con la minería ilegal y sus efectos, ni prohibir la legal en el paroxismo.

Obviamente, nada es pensable si no detenemos el desangre y la muerte de líderes, autoridades indígenas o civiles desarmados e inermes frente al narcotráfico y la corrupción.

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2019-11-28T00:00:52-05:00

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2019-11-28T00:30:02-05:00

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