Por: Armando Montenegro

Paro y desigualdad

La noticia de la semana pasada fue la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia. Según el PNUD, el organismo de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo económico y social, en los últimos 20 años el índice Gini de Colombia habría bajado más de siete puntos, llegando a 49,6 en 2018.

Aunque un nivel de desigualdad correspondiente a un Gini de 49,6 sigue siendo bastante alto, de todas formas la mejoría reportada es muy significativa. Muestra un avance que no ha sido tenido en cuenta en los diagnósticos recientes de la sociedad colombiana. Al respecto, sería útil que en los estudios técnicos futuros se explicaran cuáles fueron los factores que dieron lugar a un progreso tan notable.

Quienes recibimos con sorpresa este resultado no dejamos de registrar el contraste con las proclamas de los activistas del paro nacional, quienes con indignación repitieron, una y otra vez, que la elevada desigualdad que ha caracterizado al país a lo largo de su historia se había agigantado en los últimos años, y que ese era uno de los principales motivos de sus marchas y los castigos a sus abolladas cacerolas.

En esta materia, algunos analistas han mostrado su preocupación por el hecho de que, si algunas de las solicitudes de los líderes del paro tienen éxito, se podrían dar las condiciones para que se bloqueen algunas iniciativas que pueden conducir a una mejoría adicional de la distribución del ingreso.

Un ejemplo es el de las pensiones. Los distintos análisis de la distribución del ingreso muestran que los subsidios públicos a las pensiones hacen que nuestro país sea bastante más inequitativo (es decir, sin el régimen pensional vigente el índice Gini sería menor). Los cuantiosos subsidios del Estado se concentran en pequeños grupos de personas de ingresos relativamente altos, al tiempo que la gran mayoría de los más pobres de edad avanzada, sin trabajo formal o sin trabajo alguno, no tienen ninguna cobertura ni ninguna esperanza de tener alguna pensión. El objetivo de alcanzar un sistema más justo y más equitativo debe pasar, necesariamente, por una reforma pensional que beneficie a los más pobres y que eleve la cobertura, que hoy es menor al escandaloso 25 %.

Ante la exigencia de algunos líderes del paro de que no haya ninguna reforma pensional, varios analistas han señalado que detrás de esa pretensión se puede esconder el interés de mantener congelada la injusta situación actual que beneficia desproporcionadamente a empleados y funcionarios públicos de las clases medias y medias altas, todos ellos con salarios relativamente elevados (frente al menguado ingreso de los pobres de Colombia).

Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes, en un escrito en La Silla Vacía (La Silla Llena, “Blogoeconomía”), nos ha señalado que, detrás de la engañosa retórica de la defensa de los intereses populares, algunos grupos que salen a la calle no buscan el beneficio de los desposeídos, sino la preservación de los privilegios de una élite de empleados públicos que les disputa recursos fiscales a las élites tradicionales del país, las que reciben exenciones y otros favores tributarios.

Un buen gabinete. Hay que celebrar los nombramientos que ha anunciado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Se trata de personas con amplia trayectoria, de probada capacidad profesional y limpias hojas de vida.

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2019-12-15T00:00:19-05:00

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