Paros y reforma del SGP para educación

Fecode quiere que primero se suba el monto del gasto mediante reforma constitucional en vez de mejorar distribución y eficiencia por reforma legal.

En comentario a mi anterior columna, “Marchas, gobernabilidad y reformas: hacia una crisis”, un lector anotó la necesidad de “debatir sobre pertinencia de las tales reformas” porque pueden ser “un atentado contra el bienestar de la mayoría”. Es un buen punto.

Un primer criterio para responder es discernir entre reformas que tocan el “interés general” y las que tocan el “interés gremial” (por ejemplo, que el progreso del aprendizaje estudiantil sea un factor de evaluación y ascenso docente beneficia el interés general y afecta el interés gremial).

Perspicaz, el senador Robledo acusó el golpe cuando hice esta distinción en el debate del Congreso en abril de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees). Y es claro que no siempre chocan el interés general y el gremial.

Un segundo criterio es discernir los impactos de las reformas en el interés general en el corto plazo y el largo plazo (por ejemplo, un mecanismo de solidaridad intergeneracional en la financiación de la educación superior puede afectar en el mediano plazo a los egresados, digamos un 10% de sus ingresos, pero beneficiar notablemente a sus hijos cuando aspiren a la universidad).

En democracia, la política reformista es la búsqueda de fórmulas para hacer avanzar el interés general en el largo plazo negociando con los intereses creados y el poder del corto plazo. En dictadura de algún tipo, no hay que negociar tanto, pero es más fácil equivocarse, con suficientes casos a la vista y la excepción de China.

La cuestión es que el espíritu reformista debe existir y ser fuerte para que el interés particular y el corto plazo no se traguen el interés general y el largo plazo. Y la política reformista sin gobernabilidad política y social no pasa de buenas intenciones o declaraciones.

Para el 21 de noviembre han convocado un “paro nacional” sindical y del movimiento social, y una de las razones que aducen es el “incumplimiento del Gobierno Nacional de los acuerdos que se firmaron con Fecode”. Siete días después, el 28, Fecode hará un “Gran Paro Nacional de 24 horas del Magisterio”, el séptimo u octavo del año. Aunque lo hemos “normalizado”, lo que está pasando no es normal.

Un reciente estudio de la Universidad Javeriana (Abadía, Gómez et al.) mostró que además de los paros nacionales, “también hay paros a nivel de colegios, de municipio o departamento. Bajo estos criterios, a lo largo de estos 17 años (2000-2016) se han dado 478 paros y un acumulado de 1.222 días de clases perdidos”. Previsiblemente, demostraron que “los estudiantes que han estado expuestos a más días de paro obtienen menores resultados en las pruebas Saber 11” (La República). El interés general machacado una y otra vez.

En este contexto de cogobierno de facto de Fecode en la política educativa, hemos aceptado hacer una reforma de la financiación de la educación básica al revés. En términos sencillos y esenciales, el interés general reclama: “revisemos primero cómo estamos gastando y luego decidimos cuánto más gasto en educación”.

El interés gremial tiene una lógica distinta: “primero aumentemos el monto del gasto en educación y, si acaso, luego revisamos cómo estamos gastando porque estamos cómodos”. En términos legislativos, la cuestión es si primero va la reforma constitucional (el monto, artículos 356 y 357) o la reforma de la Ley 715 de 2001 (para gastar mejor).

En el acuerdo por el pliego de peticiones de Fecode en 2017, quedó una comisión de alto nivel del MEN, Minhacienda, Procuraduría, el sindicato y otros para elaborar una propuesta de “reforma estructural” del Sistema General de Participaciones que aumente “los recursos para educación progresivamente en un horizonte de 10 años” (entiéndase cambio constitucional, monto).

Sin embargo, también se preparó una reforma de la Ley 715, que es urgente, pero en 2018 se retiró del Congreso, lo que fue presentado por Fecode (y por Robledo) como una victoria. En el acuerdo colectivo de 2019 se profundizó el punto de 2017 y se habló sin ambages de reforma constitucional.

Con el interés gremial dominando la agenda, de poco valen los estudios que revelan el drama del interés general: “Mientras la matrícula cae y el estancamiento de la calidad se constituye en uno de los mayores problemas de política educativa, el costo por alumno se ha incrementado en un 30% durante la última década” (MEN-BID, 2017).

“Una de las principales limitantes que tiene el actual sistema de distribución de recursos se relaciona con su falta de incentivos para promover los objetivos de política que fomenta”, pero por no dar la batalla nos llevan camino a incrementar el monto del gasto sin más. 

Después, cuando digamos que debemos revisar la eficiencia del gasto en educación, nos hacen paro docente de un mes otra vez y hasta ahí llega la discusión. Difícil así salir de esta senda de crecimiento mediocre y desigualdad de aquí al 2030 o 2032.

@DanielMeraV