Parte de absoluta tranquilidad

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Bojayá, ese pueblo dramáticamente afectado por el conflicto armado, debería ser lugar emblemático de paz, justicia y reparación. Pero no. Es vergonzoso e indignante saber, por boca de su alcalde, Edilfredo Machado, que 33 comunidades indígenas de ese municipio no tienen servicio de alcantarillado, acueducto ni energía eléctrica. Y que “el 100 % de la población, incluyendo resguardos y comunidades afro, no cuenta con servicio de agua potable, ni siquiera la cabecera municipal”. Leyner Palacios, el líder social que recientemente recibió amenazas por denunciar la presencia de paramilitares en la zona, también denuncia que “en Bojayá no hay médico para el río, la gente se muere en los caminos…”, y son tan malas las comunicaciones que, si pasa algo, “uno no tiene información sino hasta cinco días después”. Quiere decir que a este Gobierno, como a los anteriores, el Chocó le sigue importando un culo. La prueba máxima fue que ni el presidente ni ningún emisario suyo estuvieron en Bojayá el pasado 11 de noviembre, día en que, después de 17 años de la masacre perpetrada por las Farc, se entregaron a la comunidad los restos de las víctimas.

La violencia en tierras de esta comunidad no es de meses sino de años. Pero ahora el terror ha vuelto en forma de amenazas de guerrilleros del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas en asocio con el Clan del Golfo. “Hay 7.000 personas afectadas directamente por los confinamientos —alertaba el alcalde el 5 de enero en El Espectador—, pero prácticamente somos todos, los 13.000, los que estamos confinados y no podemos salir a nuestros cultivos de pancoger”. Las denuncias se hicieron desde el 21 de agosto y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han sido numerosas. Por si fuera poco, Verdadabierta.com, en un largo análisis sobre la violencia en Bojayá, señala, basándose en un dato de la Fundación Ideas para la Paz, que entre enero y septiembre de 2019 el reclutamiento de menores aumentó en un 41,6 % en el país, siendo el Chocó uno de los más afectados. De eso no se habla allá, sin embargo, por puro terror.

La situación es gravísima y sin embargo los altos mandos de este Gobierno pretenden minimizar lo que está sucediendo. El ministro del Interior encargado, Daniel Palacios, dijo, por ejemplo, dando la impresión de que se trató de un hecho circunstancial y transitorio, que “en días pasados hubo presencia de un grupo pequeño (10 a 15 personas) de una organización criminal. Estuvieron en los cascos urbanos, lo que generó miedo y zozobra por parte de la comunidad. (…) El parte es de absoluta tranquilidad”. Y la ministra del Interior ha omitido hablar de la existencia de paramilitares, afirma que se han atendido 18 de las alertas tempranas y, ¡admírense!, que el Gobierno ha hecho presencia permanente en el Chocó. La versión de los defensores de derechos humanos y de la comunidad sostiene, en cambio, que en la región hay más de 600 paramilitares y, lo que es más grave —como denunció en Blu Radio el padre Jesús Albeiro Parra—, que todo esto está pasando ante los ojos complacientes del Ejército. “Mientras en Colombia —dice Palacios— siga el negacionismo del paramilitarismo (…) nunca se van a tomar las decisiones correctas”. Pero no, señores: parte de absoluta tranquilidad.

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