Por: Luis Carvajal Basto

¿Participación? La solución es digital

Las consultas políticas, incluida  la explosión de candidatos “ciudadanos” en las presidenciales, y las consultas mineras, reclaman una respuesta institucional que se encuentra disponible. El principio constitucional, a veces abstracto, de participación, tiene ya soluciones tecnológicas que  resolverían muchas de sus limitaciones.

Se considera, con un enfoque taxativo, reduccionista y ya obsoleto, que el principio de participación se limita a los mecanismos que la Constitución establece de manera explícita: voto, plebiscito, referendo, Consulta Popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato. Una lectura exegética de la Constitución diría que  se trata de integrar a la ciudadanía en la construcción y ejecución de  políticas y actividades del Estado, superando limitaciones de la representación, como el agotamiento de los partidos, no para “acabarlos” si no para complementar sus funciones. Así puede entenderse no solo la participación ciudadana si no la empresarial y la comunitaria.

La democracia representativa sustituyó a la democracia directa, que soñaron teóricos como Rousseau, a consecuencia de la consolidación de los Estados Nacionales. Las razones fueron económicas, sociales y tecnológicas; es decir, eminentemente prácticas: no se podía citar a una Asamblea general de la ciudadanía para resolver cada asunto de Estado. La Soberanía Popular ha sido, desde entonces, formalmente y de manera reglada, representativa.

Algo parecido ocurre ahora: no es indispensable convocar a una elección presencial, costosa, para cada decisión, como tampoco se puede omitir la consulta ciudadana con ese  argumento. La solución no es puramente política si no tecnológica: Se trata de incorporar herramientas de la revolución digital, esencialmente participativa y democrática, a nuestro ordenamiento legal y, por supuesto, a la Organización Electoral.

En el caso de las consultas mineras, por ejemplo, la solución debe ser de carácter tecnológico, nacional y económico: si los dólares que nos ingresan, y que necesitamos, lo son, también lo es su impacto ambiental, como en el caso de Santurban del que depende buena parte del ecosistema no solo de los Santanderes si no de media Colombia. Se necesita definir con claridad una política de Estado a la que no puede escurrírsele el bulto “por falta de plata”.

Pasa con las consultas mineras pero también con las políticas: ¿Deben los ciudadanos pagar por la realización de consultas o elecciones, mecanismos establecidos por la democracia? Deben. Lo que no debemos es botar la plata, a estas alturas de la tecnología, en un acto de estupidez. Tampoco debemos buscar salidas inconstitucionales, como restringir consultas sobre temas nacionales a decisiones locales, como ocurre con las consultas partidistas. Desde ese punto de vista la consulta Liberal, por ejemplo, a lo mejor no podrá realizarse por costosa si no por falta de representatividad y legalidad, al restringirse a una parte del electorado. La “solución” encontrada la convierte en anti constitucional.

Colombia tiene hoy 28 millones de conexiones a internet de banda ancha y 58 millones de teléfonos móviles. Las dos cifras han mostrado una tendencia creciente, sobre todo en los estratos bajos, que ha permitido, de manera confiable, la realización de transacciones no presenciales  que alcanzaron 16.329 millones de dólares, 4.08% del PIB, en 2015.No es ya  difícil ni costoso consultar a los ciudadanos o relacionar con ellos a las empresas ni a las Instituciones del Estado. No se trata, básicamente, de más normas solo de lo que conocemos ahora como “aplicaciones”, eso sí, debidamente regladas.

¿No podemos aspirar a un desempeño similar, tecnológicamente, al de los negocios en  cuestiones de Estado y el desarrollo del principio de participación? Estamos demorados, inexplicablemente.

Tal y como  se expresa en la academia y también en la calle, la revolución digital no implica una “era de cambios si no un cambio de era”. Todo nuestro andamiaje legal  necesita actualizarse. Los hechos lo han desbordado. Desde la perspectiva de los asuntos de Estado, el Gobierno Abierto que la realidad reclama, no se puede postergar.

@herejesyluis

Buscar columnista

Últimas Columnas de Luis Carvajal Basto

Viaje, sin retorno, hacia el pasado

Presidente: es la corrupción

Magia y mafia en nuestro futbol

Duque: el desafío de la corrupción

Duque: gobernar para Colombia