Patrimonio cultural

Aunque prefiero mantenerme en la discusión pública de los asuntos urbanos del patrimonio cultural, temas de mi constante trabajo, me llamó poderosamente la atención la respuesta que ofrece la señora Ministra de Cultura a propósito de la columna de la ex directora de Colcultura Aura Lucía Mera.

Puedo dar fe de la buena voluntad de la señora Ministra, de su actitud inteligente y abierta que permitió mejorar, al menos en su forma escrita, la Ley 1185 de 2008. A diferencia de ello y en los temas del patrimonio cultural, hoy se apoya en una gestión de puertas cerradas, que oculta la verdad de los hechos y de las actuaciones oficiales, por definición de dominio público. En la discusión sobre Planes Especiales de Manejo y Protección, la Ministra —en medio de imprecisiones técnicas y equívocos en materia de las teorías más elementales de la conservación urbana— no ha tenido reato alguno al notificar que primero aprueba y emite resoluciones, y luego discute.

El decreto reglamentario de la citada ley nos devuelve más de treinta años en las teorías sobre el patrimonio cultural. El documento, entre otros temas discutibles, nos dice que la arquitectura contextual, modesta y si se quiere casi siempre popular, no es representativa de cultura local alguna y en consecuencia se puede demoler. Expresa este texto legal que la autenticidad, noción difícil de aprehender, es uno de los criterios de valoración del patrimonio cultural. García Canclini, hace más de diez años, se escandalizaba de que este concepto aún tuviera vigencia como criterio de valoración del patrimonio cultural en culturas híbridas y profundamente mestizas como la nuestra.

Hasta aquí el tema urbano. En referencia a la carta en cuestión, la señora Ministra minimiza el deterioro grave e irreversible que se ha producido a la fachada del Museo Nacional.

Conozco, de primera mano, las conclusiones de este juicioso diagnóstico, y si hoy el jefe del laboratorio de la facultad de Estudios del Patrimonio Cultural cambia inexplicablemente su juicio, ello puede deberse a la incómoda situación en que está involucrada esta facultad del Externado: por un lado, tiene un estrecho convenio, de vieja data, con el Ministerio de Cultura; por el otro, es subcontratista de esta entidad para la actual restauración de la fachada del Museo Nacional.

La señora Ministra dice textualmente que la acción de lavado de la fachada “(...) no fue debidamente autorizada”. ¿Es que acaso fue indebidamente autorizada?  Se puede leer en su comunicación que, además “(...) lo anterior motivó la realización de estudios y acciones para la intervención integral de la fachada, ya que más que un lavado se requería un diagnóstico detallado y una intervención integral, dado su estado de conservación”. El Ministerio debe explicar a la opinión pública por qué si el Museo requería de un diagnóstico e intervención integral, se contrató una limpieza de fachada. Asimismo, debe informar quién fue el responsable de la contratación y quiénes los del deterioro, además de reconocer públicamente el monto del costo económico y patrimonial de tan desafortunada intervención.

María Eugenia Martínez Delgado. Arquitecta.

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