Por: Javier Ortiz

Patrimonio y conflicto

Desde el comienzo la noción de patrimonio estuvo asociada al poder. Fueron los territorios con mayores ventajas en la geopolítica mundial los que asumieron el derecho, en muchos casos disfrazado de deber, de decidir qué debía ser considerado patrimonio y, por lo tanto, qué merecía ser objeto de protección y conservación, y lo más importante, quién reunía las condiciones morales para ejercer tal función. A finales del siglo XVIII, dentro de los principios ecuménicos salidos de la Revolución Francesa, estaba también el control de las reliquias de la antigüedad. En 1798 Francia recibió alborozada las obras de arte confiscadas en Italia por Bonaparte, y François de Neufchâteau, ministro del Interior de entonces, pronunció un emotivo discurso en el que destacó el deber que tenía su nación de preservar en su territorio el genio artístico de la humanidad. Nadie se lo pidió, pero era claro que el patrimonio no debía estar en manos de quienes, aparentemente, no le daban el valor que merecía, y nadie mejor que Francia para cumplir la noble misión de guardiana universal.

Vale la pena recordar esto ahora, en los momentos en que Estados Unidos e Israel deciden retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la institución encargada de la defensa del patrimonio de la humanidad. También vale la pena recordar que este organismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones occidentales decidieron crear un aparato que promoviera el desarrollo de una cultura para exorcizar el fantasma de Hitler, y allí Estados Unidos ocupó un papel central. La Unesco nació del poder de quienes ganan la guerra, pero pronto empezó a incomodar a los más poderosos. De alguna manera, la cultura y la defensa de la diversidad cultural mundial se convirtieron en la herramienta de los menos poderosos para poner su nombre en el mapa y visibilizar sus agendas políticas, y muchos no vieron esto con buenos ojos.

Al mundo se le partía el corazón cuando los talibanes dinamitaban las monumentales estatuas budistas en la provincia de Bamiyán, en Afganistán; por supuesto, eso fue un execrable atentado cultural, pero quizá tendrán razón también quienes han argumentado que no se han hecho los balances del daño al patrimonio causado en las ciudades del Medio Oriente con las guerras en las que han sido protagonistas los países occidentales.

Con la declaratoria del casco antiguo de la ciudad de Hebrón en Cisjordania, como zona protegida del patrimonio mundial palestino, Israel, que ya venía incómodo por la aceptación de Palestina en 2011 como uno de los países miembros de la Unesco, decidió retirarse. Por supuesto, como era de esperarse, Palestina ha usado esta declaratoria como una instrumento político amparado en el reconocimiento que el organismo multinacional hace de las dificultades para las prácticas culturales en zonas ocupadas.

Lo cierto en todo esto es que el reconocimiento al patrimonio está lejos de ser el exotismo cultural que alguna vez practicaron los poderosos concediéndole importancia al otro. Cuando el otro usa su particularidad cultural como herramienta política, los que defienden las viejas jerarquías se remecen. Audrey Azoulay, exministra de Cultura de Francia, acaba de ser elegida como directora de la Unesco. Su labor, nada fácil, es encontrar el equilibrio para que la puesta en valor del patrimonio no se conviertan en el causante de los conflictos que precisamente la organización que dirige pretende evitar.

 

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