Por: Marcelo Caruso A.

Paz con la naturaleza

La paz en la sociedad y con la naturaleza son inseparables y crean un todo único. Gran parte de las causas (problemas) que escalaron el conflicto social político hacia un conflicto armado son las mismas que hoy profundizan la crisis ambiental y su manifestación climática.

Si bien celebramos el poder contar con un marco jurídico que prácticamente declara a toda la naturaleza como sujeto de derecho, ya son muchas las órdenes de sentencias de los más altos ámbitos del poder judicial dirigidas a garantizar estos derechos que están siendo ignoradas. El desinterés en cumplirlas por parte del poder Ejecutivo nacional y el autismo ante estas por parte del Congreso prefiguran todas las condiciones para que se declare un Estado de cosa inconstitucional ambiental, similar al existente y aún incumplido frente a la violación de los derechos de la población desplazada y carcelaria.

La necesaria relación virtuosa entre el Estado social de derecho, la ética social, política y ambiental, la consciencia del daño generado por la desprotección de los ciudadanos y sus derechos no garantizados, junto con las obligaciones del funcionario público de servir a la sociedad y proteger sus ríos y bosques, no funciona. La falla tiene carácter sistémico y global, pero, en lo mucho que nos atañe como país, sus determinantes son los mismos intereses de poder, dominación, lucro y exclusión que nos llevaron a la guerra, en la cual las distintas formas de vida fueron sus principales víctimas.

Nuestros bosques tropicales, que refrigeran y oxigenan el planeta, siguen siendo arrasados y ya vamos por 220.000 hectáreas desmontadas anualmente, con el récord de tener los municipios más deforestados del planeta. Según cifras del Ideam, en 2017 eran 72 las hectáreas que diariamente se deforestaban tanto en San Vicente del Caguán como en Cartagena del Chairá y hoy pueden ser muchas más. La mayoría de ellas se direccionan hacia una ganadería de muy bajo rendimiento y sin interés en la madera, pues la queman.

La historia dice que esa zona amazónica era regulada por la presencia de la guerrilla y su ley del monte, y que con su desmovilización eso quedó descontrolado, con tierras al mejor y mayor postor, interesado en invertir para especular con su valor futuro y, de paso, lavar dinero. Se alega que existe una cultura ganadera en la región, pero cuando se investiga queda claro que la banca solo le presta dinero al campesino si tiene semovientes como garantía. No se presta dinero para cultivos, pues frente a una mala cosecha no hay nada que embargar, ya que son tierras baldías, protegidas, y el ocuparlas genera poder, pero no necesariamente producción.

Preocupa que aún no se vislumbre en los precandidatos a las elecciones de los entes territoriales, donde se manifiestan en concreto las consecuencias de la crisis climática, la compresión para incluir en sus programas de gobierno claras y audaces propuestas para enfrentarla y comenzar a reducirla, comenzando por acabar con el direccionamiento especulativo que estimula el sector financiero y, al mismo tiempo, avanzar en créditos de fomento en los que la asociatividad y el manejo ambientalmente sostenible sean determinantes.

Recuperar la credibilidad social y capacidad transformadora de la política pasa, en gran medida, por retomar el camino marcado por la ecología integral, que es lo que hace que las religiones y comunidades de fe hoy se unan, por primera vez en la historia de Colombia, tras la causa común de la protección de la “creación o casa común”, comenzando por proteger los bosques tropicales (ver IRI-Colombia). Comprender que las riquezas de nuestro planeta no son infinitas aumenta nuestras capacidades humanas para entender que la necesaria reconciliación con la naturaleza es parte integral de reconciliación y transformación de la sociedad. ¡Aleluya!

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2019-06-25T00:00:55-05:00

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