Por: Cristina de la Torre

Paz, justicia y tierra

Sí, se debilitan los diálogos de La Habana.

Pero la paz, derecho excelso de la sociedad, no puede naufragar a instancias de un puñado de fanáticos de la guerra; ni atorarse en la búsqueda de formas de justicia que le permitan a la guerrilla hacer política, cuando se había logrado ya un acuerdo agrario que apunta a la médula del conflicto y evoca, por contera, la bandera histórica de las Farc. Más humana y eficaz para las circunstancias que el afán vindicativo de aquella que pide cárcel como forma única de pena, la justicia restaurativa busca cambiar las circunstancias que dieron lugar al conflicto. Sudáfrica demostró su capacidad para sanar hondas heridas y allegar la paz. Propició el encuentro de víctima y victimario. Éste miró a la cara a su doliente, le dijo toda la verdad, aceptó su responsabilidad, le pidió perdón de corazón, reparó su dolor y sus carencias y dio garantías de no repetir el horror. Quienes no lo hicieron fueron a prisión.

En contraprestación, según la propia agenda de negociación, las Farc entregarán las armas, mapa de campos minados y la infraestructura del narcotráfico que representa 60% del negocio en el país y le reporta a esa guerrilla ingresos por $6,7 billones al año. Si hay unidad de mando representada en la mesa, también los bloques Sur y Oriental deberán suscribir el acuerdo de paz. Aunque caben dudas, pues son éstos los frentes que concentran el negocio de la droga y la mayor capacidad de fuego. De retraerse al proyecto político de sus camaradas, derivarían en banda de narcotraficantes, hermanas de las bacrim. Objetivo de la fuerza redoblada del Estado, ahora con 50.000 hombres en ofensiva militar contra esos frentes.

Sea cual fuere el desenlace en La Habana, ya el proceso surtido y el empeño del presidente en la paz despertaron un invencible anhelo de reformas. En particular la del campo, en un país donde la ganadería extensiva acapara las mejores tierras, paga impuestos irrisorios o ninguno y su destino es la especulación y la renta, no la producción. Entre tanto, muchos de los campesinos expulsados a los extramuros de la patria han de dedicarse a cultivar coca que las Farc y las bacrim les malpagan, pues para comercializar cualquier otro cultivo deben recorrer distancias sin fin por trochas y ríos. No paga. Otros se asocian con palmeros, en tal desventaja que pronto pierden su parcela.

Colombia admite, claro, la convivencia de economía campesina que abastece de alimentos al mercado interno, con el modelo agroindustrial de exportación. Pero esta cohabitación resulta más y más inequitativa, conforme las políticas favorecen al gran propietario y acorralan por penuria al pequeño productor. Dígalo, si no, el movimiento campesino. La solución está inventada: suministrarle tierra con títulos en regla y apoyo institucional, técnico y financiero; satisfacer sus derechos de salud, educación, techo y buen vivir. Tierra hay de sobra: baldíos, predios por restituir o incautados a la mafia, latifundios improductivos expropiables con indemnización. Y entre las formas de organización, zonas de reserva campesina situadas dentro de la frontera agrícola, cerca de las ciudades, lejos de los cocales miserables. Se impone una política de repoblamiento, repatriar colonos hasta la frontera agrícola.

Con un acuerdo en La Habana que se decida por la justicia restaurativa y garantice participación política a la guerrilla finalizará el conflicto armado. La paz empezará a edificarse sobre cimientos de justicia en el campo. Y para que resulte verosímil, el presidente deberá remplazar al actual ministro de Agricultura por una figura menos ominosa y contraria al interés del campesinado.

 
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