Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Paz, legalicemos los cultivos ilícitos

El presidente Santos, al recibir el premio Nobel, reiteró su llamado a replantear la guerra mundial contra las drogas. Para dar firmeza a su argumento inició diciendo: “la guerra contra las drogas no se ha ganado, ni se está ganando”.

A renglón seguido hizo una afirmación que puede significar cambios internos importantes: “No tiene sentido encarcelar a un campesino que siembra marihuana, cuando —por ejemplo— hoy es legal producirla y consumirla en ocho estados de los Estados Unidos”. Y concluyó diciendo: “La forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Es hora de cambiar nuestra estrategia”.

En este contexto, reitero la propuesta que escribí en la columna “Agricultura, coca y cocaína” (El Espectador, 04/11/2014), que comienza: “Una condición para que la paz sea estable y duradera es la erradicación o la legalización del cultivo de hoja de coca”.

Hoy creo que es factible legalizarla y que erradicarla siendo ilegal es imposible. La alta rentabilidad que genera la ilegalidad hace utópica su erradicación. Siempre habrá campesinos dispuestos a tomar riesgos y cultivar lo ilícito. Dado el compromiso de las Farc, los cultivadores se desplazarán a zonas que no sean de influencia de esta guerrilla. La pobreza y la zanahoria de grandes utilidades jalonarán campesinos selva adentro para seguir cultivando.

Por la alta rentabilidad determinada por su ilegalidad, no hay producto agrícola que pueda competir con la marihuana y la hoja de coca. Estos cultivos se adelantan en áreas pequeñas y presentan una posibilidad de alta rotación en medio del bosque. Se han desarrollado tecnologías apropiadas con efectiva transferencia y apropiación de las comunidades locales. Hoy se cuenta con mano de obra entrenada para su cultivo y procesamiento. El alto valor por kilo permite cubrir un alto costo de transporte y, en el caso de la coca, hay un alto grado de desarrollo en el encadenamiento productivo.

Para que el campesino cultivador de coca y marihuana decida sustituir, hay que bajar la rentabilidad, y para ello hay que legalizar estos cultivos. Legalizar el cultivo es despenalizar al campesino cultivador y dejar de perseguirlo en medio de la selva. Esto disminuirá la deforestación.

El territorio hoy relacionado con los señalados como cultivos ilegales es amplio y está distribuido en zonas con características biofísicas, sociales y económicas muy distintas. Esto exige propuestas diferenciadas, ajustadas a diversos territorios y condiciones sociales. Los intentos de sustitución, manteniendo el carácter ilegal de los cultivos, han fracasado, por eso, como dice el presidente: “es hora de cambiar nuestra estrategia”. Tenemos que ser creativos y no hacer más de lo mismo.

Si no legalizamos, será muy difícil que el posacuerdo traiga esos dividendos ambientales a los cuales se refirió el presidente en su discurso. Donde hasta ahora dominaban las Farc, otras organizaciones buscarán ocupar el espacio geográfico y el control armado. Esto llevará a que permanezca la violencia y los bosques seguirán destruyéndose con su impacto sobre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Por razones de convivencia y desmonte de las mafias y su lógica operativa, la legalización debe ser parte de la estrategia de paz para Colombia. Mientras los cultivos conserven su estatus de ilícitos, el precio será muy alto y el propósito de generar sustitutos a los cultivos de uso ilícito con alternativas productivas sostenibles en el marco de un desarrollo rural integrado es una utopía. Su condición de ilegalidad es una forma de protección y una barrera para evitar la competencia con otros cultivos. Podemos y debemos erradicar esa categoría que hemos creado de cultivos ilícitos.

La persecución a la producción, el transporte y la distribución de cocaína es otro tema. Un tema político cuyo campo de discusión es el de las relaciones internacionales.

 

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