Por: César Rodríguez Garavito

¿Paz territorial sin paz ambiental?

Cajamarca- Esta semana, en una sesión del Concejo de esta esquina del Tolima, quedó claro que el futuro de la paz está en municipios como este, como lo han dicho el Gobierno nacional y las Naciones Unidas.

Pero también quedó claro que el Gobierno puede estar borrando con el codo la paz territorial que construye con la mano.

En la sesión se debatía la consulta popular que el alcalde y ciudadanos de Cajamarca proponen para decidir democráticamente sobre el impacto en el ambiente, el agua y la agricultura que tendrían los proyectos mineros que se planean en la zona. En realidad, lo que está en juego es mucho más: el posconflicto dependerá de cómo se resuelva este tipo de disputas socioambientales, porque el mapa de territorios que el Gobierno estima prioritarios para la consolidación de la paz coincide con el de municipios con títulos mineros, zonas de protección ambiental o problemas de agua. Los mismos donde aumentarán los conflictos ambientales cuando la paz los haga más accesibles, como lo mostró la ONU en un informe reciente.

De modo que no hay paz territorial sin paz ambiental. El Gobierno ha entendido bien la primera parte de la ecuación. Así lo sugieren las tesis del comisionado Sergio Jaramillo sobre la paz territorial, las recientes giras del presidente y los ministros por los municipios, la Misión Rural y la política de restitución de tierras.

Al mismo tiempo, está haciendo todo lo posible por quitarles poderes a los municipios y atravesarse en el camino de las comunidades que buscan construir la paz ambiental a través de mecanismos legales y pacíficos como las consultas populares. Para eso dictó el decreto 934 de 2013, que les prohibía a los municipios excluir la minería y fue suspendido por el Consejo de Estado por violar la autonomía local consagrada en la Constitución. Luego dictó el decreto 2691 de 2014, que contraría lo ordenado por la Corte Constitucional y le da superpoderes al Ministerio de Minas para imponer su voluntad sobre los alcaldes, municipios y ciudadanos preocupados por los efectos de la minería. De paso, convierte al Ministerio de Ambiente en un apéndice del de Minas, como lo confirma el Plan Nacional de Desarrollo y lo comenté en una columna anterior.

El mensaje que llega acá es que los municipios son para visitar, no para empoderar. Y que la locomotora minera se tornó en aplanadora, operada sincronizadamente por el Gobierno, la Procuraduría, el gremio y las empresas, cuyos representantes envían conceptos intimidatorios a los alcaldes y comparecen a los concejos de lugares como Cajamarca, Espinal o Tauramena, para impedir que atiendan las preocupaciones ciudadanas sobre el agua o el ambiente.

Aún hay tiempo para tomar en serio la ecuación entre paz y ambiente, y evitar las transiciones frustradas de países que la ignoraron, como Congo, Angola y Guatemala. Las soluciones están en el estudio de la ONU: apoyo técnico y financiero a la agricultura, biocomercio y pago por servicios ambientales, entre otros. Son las iniciativas que proponen los municipios. Si los dejan.

 

 

 

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