Paz y protesta social

Sabíamos que los tiempos de posacuerdo estarían marcados por grandes desafíos. Así como era importante imaginar con ilusión el inicio de una fase de construcción de la paz, no podía desconocerse que las iniciativas constructivas vendrían acompañadas por fuerzas destructivas, reflejadas ya en la fragilidad política de los acuerdos.

No obstante, la sociedad se va convenciendo de que los retornos de los acuerdos de paz exceden los costos. Y en los avances concretos, que incluyen la reducción de muertos, la entrega de armas y menos hostilidades en las zonas rurales del país, debe incluirse que los enemigos de la protesta social perdieron uno de sus recursos destructivos más efectivos: la estigmatización del descontento de la sociedad.

Los reclamos por lo público –en las recientes protestas por una mejor educación– y la indignación por la desigualdad y la pobreza no pueden ser calificados en estos días de dispositivos útiles para la causa de los grupos al margen de la ley. En cambio, se ven como expresiones inequívocamente legítimas de la insatisfacción sobre nuestro acuerdo social, en un claro marco democrático. Se están destrabando algunos mecanismos del ejercicio político de nuestro Estado social de derecho. Con la protesta, además, se hacen visibles los determinantes socioeconómicos de los conflictos de nuestro país, por encima de la propaganda de guerra.

Es cierto que faltan años y esfuerzo para que la voz de los más afectados por la violencia y la injusticia social sea escuchada. Sin embargo, en la transición, hay que ver con optimismo que la clase media –estudiantes, profesores y sus familias– esté exigiendo una estructura educativa que mejore el acceso y la calidad de la educación.

La democracia no ha llegado aún a los más pobres. Por ahora, los mejores aliados de los pobres están en la clase media. Aunque esta clase ha votado por la estabilidad del statu quo –en varias ocasiones por miedo–, es la clase que demanda una agenda pública que podría trascender sus propios intereses de grupo: una educación incluyente.

El éxito de largo plazo de esa agenda dependerá de que su negociación no se haga de manera fracturada: primero con los rectores de las universidades públicas y luego con los profesores de Fecode, por ejemplo. Ojalá que el Plan de Desarrollo, que está a punto de hacerse público, tenga una visión integral. Y ojalá que la integralidad no sea usada como sofisma para justificar incrementos pírricos en el presupuesto general para la educación, la ciencia y la tecnología, distribuidos luego de manera clientelista.   

Presenciamos las primeras protestas en tiempos de paz. Tenemos el reto enorme de respetar y nutrir el principio de solidaridad por los que aún no son escuchados. Hay que pensar en la educación superior pero también en la educación prescolar y primara de las zonas rurales. La protesta por una mejor educación es hoy un voto por el Sí en el plebiscito diario que se está dando en Colombia por la construcción de la paz.

* Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).