Por: Humberto de la Calle

Pederastia: un problema de poder

CLARO QUE LOS CURAS QUE ABUSAN de menores incurren en una seria transgresión moral y criminal. Pero por encima de eso, hay aquí un problema de poder.

Una lucha entre los deseos ancestrales de la Iglesia Católica de escapar a la jurisdicción civil, enfrentados al crecimiento de la sociedad secular que, con fundamento en el principio de igualdad, cree que en un Estado aconfesional, todo delincuente, con o sin sotana, debe someterse a la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de sus responsabilidades sacramentales.

El asunto no es nuevo. Incluso, en el Concordato la Iglesia se reservó ciertas condiciones favorables en el juicio a los clérigos. Estableció también el secreto del juicio y ciertas condiciones para la detención, todo lo cual tuvo que ser tumbado por la Corte.

Podrían tener razón los prelados cuando dicen que este no es un mal exclusivo de la Iglesia, que se nota cierta sevicia en los ataques y hasta podría admitirse que las sugerencias impartidas para no denunciar el hecho ante los jueces no provienen de una falta de condena de estos comportamientos en el seno de la Iglesia, sino de un viejo atavismo corporativo.

Pero no la tienen cuando reducen el asunto a la supuesta cólera de los detractores y a las enseñanzas de Voltaire. Como tampoco la tienen cuando algunos, como monseñor Córdoba, despachan el asunto mostrando que la estadística no es tan abultada. Un reduccionismo inaceptable.

Cuando la jerarquía vaticana ha aplaudido a los superiores que han callado ante los jueces, lo que en realidad está haciendo es tratar de mantener la vieja idea de que la Iglesia es una sociedad hermética, inmune al poder civil. Y lo que irrita es precisamente eso. No sólo la gravedad del delito, sino la orden de tapar. Todo esto se deriva de la vieja concepción canónica de que hay que ser duro contra el pecado pero magnánimo con el pecador. Como postulado general, puede ser interesante. Pero en presencia de un delito, es al Estado, en representación de la sociedad democrática, a quien corresponde dosificar el grado de magnanimidad o dureza.

Tampoco es válido el alegato de monseñor Castrillón difundido por RCN, porque se basa en dos sofismas y una contradicción: es cierto que la ley civil no obliga a entregar los hijos a la Policía. Pero asimilar los nexos de familia con la Iglesia no pasa de ser una metáfora propia del culto, pero inviable en un razonamiento serio. Clama el prelado por el debido proceso. Pero el truco está en suponer que los juicios estatales no respetan ese principio, como si fuera monopolio de competencia canónica. Y, por fin, cuando monseñor insiste en que la Iglesia lava su ropa sucia hacia adentro, está en contra de las últimas decisiones del Papa Ratzinger, quien, hay que reconocerlo, viene tratando de enmendar.

Escribo esto sin bilis, querido padre Llano. Aunque no estoy bajo la jurisdicción vaticana, tengo profundo respeto por los católicos de verdad, por la doctrina social de la Iglesia y por muchos curas que me distinguen con su amistad.

Y un asunto final, monseñor Castrillón: ¿Dice usted en serio que todo esto es una conspiración de la masonería? Qué parecida esta disculpa a la de un gobernante vecino cuando afirma que los apagones en Venezuela son resultado del sabotaje de unos colombianos vendedores de helados.

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2010-04-24T23:00:00-05:00

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