Por: Indalecio Dangond B.

Peligro inminente

El comunicado que sacó la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, respecto a una posible acumulación indebida de predios baldíos por parte de varias empresas agrícolas y el expresidente Uribe, más que causar un daño económico y moral a los acusados, sirvió para desenmascarar a quienes andaban detrás de esta guerra sucia.

Sólo hay que echarles una ojeada a los twits del senador Iván Cepeda para darse cuenta de quién estaba detrás de ese refrito del 2013, elaborado por el entonces contralor agrario, Luis Alberto Higuera. Seguramente, era el último cartucho que le quedaba a Cepeda para revivir el absurdo proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, que buscaba implantar en Colombia una expropiación masiva de predios productivos (vía administrativa) para adjudicarlos luego con criterio político. Una muy creativa y perversa manera de comprar votos a cambio de predios baldíos del Estado.

Afortunadamente, la Contraloría está en manos de un funcionario íntegro que no se presta para ese o cualquier juego sucio y le salió al paso a las especulaciones de algunos medios de comunicación. Invito al senador Iván Cepeda, al director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, al contralor delegado para el Sector Agropecuario, Andrés Bernal, al director de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal y al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, a que no conviertan esta gran oportunidad que tiene el sector agropecuario de reorientar su sistema productivo en un tema de politiquería barata. Esto no es Venezuela.

Presidente Santos, si usted en realidad quiere implementar un nuevo marco legal de la política de tierras que incluya todos los modelos de explotación agropecuaria, delegue esa función en profesionales expertos y con experiencia, tal como lo hizo con la Misión para la Transformación del Campo. Mientras tanto, reglamente los predios de engorde o arriendos y exija a la Justicia más eficacia frente al despojo, la apropiación de baldíos, el desecamiento de ciénagas y humedales para correr las cercas.

También exíjale al gerente de la Agencia Nacional de Tierras más eficacia en la formalización de los títulos de cinco millones de hectáreas adjudicadas a pequeños campesinos del país, para que sean sujetos de créditos e incentivos del Estado y ponga al frente de la Agencia de Desarrollo Rural un profesional con experiencia que implemente un plan de acción en transferencia de tecnología, mecanización de cultivos y sistemas de riegos para los adjudicatarios de baldíos.

Exija la implementación urgente de la Ley Zidres, para ver si se comienzan a sembrar tres millones de hectáreas paradas en la Altillanura. Sería conveniente que se diera un paseíto por allá. En hora y media que dura un vuelo entre Bogotá y Santa Rosalía (Vichada) no se ve una carretera que sirva. En la misma situación están las zonas productivas del Urabá chocoano, sur de Bolívar, Tibú y Tumaco. Vaya presidente, es la única manera de que usted pueda entender que el desarrollo agropecuario competitivo se alcanza cuando existe seguridad jurídica sobre la propiedad privada para estimular la confianza inversionista y se respeta la libre competencia.

Dejar la política de tierras en manos de quienes redactaron el proyecto de ley actual es un peligro inminente.

* Consultor en financiamiento agroindustrial.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Indalecio Dangond B.