Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Peligros de la disciplina

Las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una alerta razonable más allá de los efectos particulares respecto a Gustavo Petro. La Procuraduría colombiana, con la oruga de hierro en su plazoleta, se ha ido convirtiendo en una pulcra amenaza, un peligroso órgano de descontrol. La CIDH pide con razón que funcionarios elegidos popularmente no puedan ser destituidos e inhabilitados por instancias administrativas. Instancias que además tienen un alto grado de contaminación política y electoral. Hace unos años, el exalcalde de Bogotá Paul Bromberg dejaba claros los riesgos institucionales de esa extraña figura colombiana, a medias entre directiva de ONG, fiscal, juez y advertidor general de la nación: “Un alto funcionario como el procurador, cuyo nombramiento resulta de pactos oscuros en cuerpos colegiados de elección popular poco aprestigiados, tiene las facultades de instruir y de sancionar al mismo tiempo”. Además de ese doble papel, para muchos casos no existe una segunda instancia luego de la sanción disciplinaria, y a los ejecutados no les queda más que recorrer un largo camino ante el Consejo de Estado.

El caso del exalcalde Petro deja muy clara la perversidad que pueden entrañar los poderes desmesurados y carentes de una mínima responsabilidad que ejerce el procurador en Colombia. Alejandro Ordóñez, actual candidato presidencial, pudo sacar de carrera a uno de sus competidores para las elecciones de 2018. Hoy su fallo puede verse como una simple zancadilla de un candidato a un rival indeseado. Es muy posible que la sanción impuesta hace casi cuatro años se caiga en el Consejo de Estado, pero eso no dejará ninguna consecuencia para el exprocurador: “Al menos lo intenté”, pensará con algo de desvergüenza. Los errores, las omisiones, las audacias administrativas de alcaldes y gobernadores pueden pagarse caro ante la Procuraduría, pero los abusos probados del órgano de descontrol nunca tendrán consecuencias.

La Procuraduría es cada vez más —no solo en manos de Ordóñez, el actual procurador Carrillo ha demostrado ser un actor del espectáculo anticorrupción— una especie de administración a posteriori, inteligentísima una vez se presentan los hechos, con la potestad no solo de señalar y castigar errores sino de imponer políticas públicas. Hace seis años la Procuraduría de Ordóñez suspendió al alcalde Samuel Moreno por una “presunta y posible omisión en el deber de asegurar las obras en debida forma”. Se refería a tres obras de infraestructura en particular y a los incumplimientos de los contratistas. A esas alturas Samuel Moreno no tenía quién lo defendiera y terminó por fuera del Palacio Liévano por temas muy distintos a la corrupción probada años después. Si los problemas con contratistas justifican destituciones, los alcaldes y gobernadores quedarían en las manos de empresarios privados y sería imposible que acabaran su periodo. Bastaría un contratista ineficiente y vengativo y un procurador acucioso por protagonismo o animadversión política.

El Consejo de Estado ha tumbado en los últimos años sanciones contra Alonso Salazar, Piedad Córdoba —dos a falta de una—, Sabas Pretelt y muy seguramente viene un fallo en ese mismo sentido en el caso Petro. En todos ha resaltado falta de pruebas y violación de derechos políticos. Si eso pasa con alcaldes en las principales ciudades, ministros y congresistas, qué podrán esperar los alcaldes de pequeños municipios ante ese monstruo político con pelaje de moralidad. Es hora de pensar en una fórmula para llevar a la Procuraduría y a la corrupción a sus justas proporciones.

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