Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Peligros a la vista

Cómo escuece la matazón de seis compatriotas en Tumaco. Qué combinación de miedo e indignación habrá producido entre millones de colombianos. Comenzando por los campesinos, que deben de estar observando atónitos cómo, después de ser invitados a participar en la fiesta del posconflicto, son recibidos a punta de bala. Pero incluyendo también a muchos otros sectores, entre ellos a las decenas de miles de policías probos que se juegan la vida para defender a la ciudadanía y que tendrán que sentir como una puñalada en el corazón que se mancille el uniforme que portan con orgullo.

Este evento tremendo tiene que tener consecuencias. No quiero minimizar el significado de los cambios de personal que ya se han hecho, y que responden a una lógica irrebatible: las posiciones se obtienen o se pierden sobre la base de los resultados. Pero falta más, mucho más. Es que en Tumaco convergieron de manera fatal dos problemas álgidos sin resolver. El primero es el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, contra el cual no se ha desarrollado aún alguna política que merezca ese nombre. No debe sorprender por tanto que no haya aquí tampoco resultados tangibles que celebrar, como lo corrobora un valioso y reciente informe conjunto de Cinep, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas. Basado en trabajos previos, y oyendo a colegas, especialistas, funcionarios y líderes, me convenzo cada vez más de que habría todo un menú de opciones sobre el que podría operar el Estado. Esas opciones deberían permitir avances en cuatro direcciones: educación, prevención (con alertas tempranas públicas y con dientes), elevación de los costos políticos de atacar a los líderes, y desarrollo de una política consistente y sostenida que pueda alinear los diversos niveles territoriales del Estado. Necesitamos crear las condiciones (esto es, las sensibilidades, los costos, y los instrumentos apropiados) para producir un cambio real en este terreno. Pero en la actualidad estamos lejísimos de ello.

El segundo es el problema de los cultivos ilícitos. Un asunto crítico, sobre el que se habían tomado varias buenas decisiones, pero que ahora están siendo desestabilizadas como consecuencia tanto de improvisaciones como de cambios en las condiciones internacionales. En efecto, a partir de los acuerdos de paz, pero también de decisiones del Ministerio de Salud, la relación del Estado con los campesinos cocaleros cambió y se volvió a la vez más humana y viable, permitiéndole al país tomar un rumbo que, de mantenerse durante varios años, tenía el potencial de dar grandes réditos. Pero casi en paralelo Trump reemplazó a Obama, y las políticas gringas cambiaron exactamente en la dirección inversa. El Gobierno a su vez se había puesto metas bastante alegres de sustitución. Tampoco veo que hubiera avanzado mínimamente en la dirección de crear las condiciones para generar una economía campesina viable alrededor de los programas de sustitución. Consecuencia: ahora, en medio de la improvisación, se quiere avanzar a toda marcha para aplacar a Tillerson y a su jefe, el moron Trump. Ese afán, justo después de que se prometió una política conversada y gradualista, puede generar conflictos sociales insolubles. Me pregunto en este contexto qué sentido pueda tener enviar a la fuerza pública a solucionar problemas que requieren de la intervención en una escala seria de burocracias civiles capaz de dotar a los territorios de bienes públicos, asistencia técnica, acceso a mercados, etc.

Atrapados como estamos entre estas dos fuerzas —vulnerabilidad extrema de liderazgos sociales y reemplazo subrepticio de las políticas de sustitución consensuadas—, podríamos estar abocados en el futuro a presenciar muchos Tumacos.

Claro: aquella apenas es una posibilidad. Pero hay otras. La ciudadanía, y todos los actores sociales, políticos e institucionales que estén dispuestos a pararse sobre el sólido terreno del quinto mandamiento, tienen el tiempo y la posibilidad de impedirlo.

 

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