Pena de muerte

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Defender el medio ambiente, la tierra y el planeta es una actividad de altísimo riesgo en Colombia que en muchos casos termina con la muerte. Así lo define un nuevo informe de Amnistía Internacional que, además, establece que somos el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos.

Aterrador.

El informe titulado “¿Por qué nos quieren matar?” señala que, gracias a la nueva realidad impuesta por la pandemia del COVID-19, el hogar de los defensores de derechos humanos y derechos del medio ambiente es el sitio más peligroso ya que ahí se están efectuando la mayoría de crímenes en contra de estas personas.

Paradójico, ya que el Estado debería garantizar que la sociedad se sienta segura por lo menos en su hogar. Pero ocurre todo lo contrario para las poblaciones que están viviendo en algunas de las zonas más ricas en recursos naturales de Colombia, donde las personas están siendo asesinadas en sus propias casas sin que el Estado haga algo.

El crimen: defender sus hogares, el territorio donde habitan, sus ríos, bosques, plantas y animales. La sentencia: muerte sistemática.

Los más afectados son los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos que ejercen una propiedad comunitaria del territorio y son quienes defienden los recursos que utilizan para que sus comunidades puedan subsistir.

Y el Gobierno, ausente.

El presidente Iván Duque pretende construir una estrategia en la que si no habla de estos asesinatos a defensores de derechos humanos es porque no suceden. Mientras tanto, somos todos testigos y cómplices de una cantidad de homicidios y masacres que se están cometiendo por parte de bandas criminales que quieren controlar zonas para el paso del narcotráfico o de otras actividades ilegales.

Pero no para ahí. El reporte de Amnistía Internacional también pudo determinar que muchos de los ataques son en represalia a la oposición de diferentes comunidades a varios proyectos de infraestructura.

Inaudito.

Dice el informe que las cifras de asesinatos y denuncias sobre amenazas u otros riesgos para los defensores de derechos humanos han ido en aumento, y se hace una dura crítica a las cifras del Gobierno nacional sobre el asesinato de líderes sociales, en contraste con las cifras de otras organizaciones, como la ONU.

Amnistía Internacional plantea que, a pesar de que el presidente Duque ha dicho que durante su gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25%, ese dato es falso ya que las fuentes confiables revisadas indican lo contrario.

A finales de 2017, Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reportaron entre 96 y 126 casos de personas defensoras asesinadas en todo el país, de acuerdo con la metodología y acceso a información de cada entidad.

Un año más tarde, la cifra pasó a estar entre 115 y 178. En el 2019, se documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras, y entre 10 y 31 asesinatos más que ocurrieron en 2019 están siendo verificados. Al 30 de septiembre de 2020 la ONU afirmó que ha dado seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales a la fecha ha verificado 45 homicidios. Mientras que el programa Somos Defensores contabiliza 95 asesinatos hasta el 30 de junio de 2020.

Colombia, uno de los países con más normas, protocolos e instituciones de protección para quienes defienden los derechos humanos, es, al mismo tiempo, donde más líderes mueren por proteger a sus comunidades, la tierra y el medio ambiente.

De esta manera se deja claro que, aunque Colombia cuente en la teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, en la práctica estos no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras.

Incomprensible.

Y los escoltas no resultan suficientes. Lo que se necesita es que el Gobierno del presidente Duque deje de ignorar el problema y aborde las causas estructurales de la violencia contra las comunidades.

No escuchar a las comunidades sobre las medidas de protección que necesitan es parte del problema. También lo es nuestra apatía y no entender que las poblaciones que defienden sus tierras y el medio ambiente no solo están protegiendo sus hogares sino la naturaleza que necesitamos todos.

Eso no puede seguir siendo un crimen en Colombia y menos uno que se paga con la pena de muerte.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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