Pendejadas

Hace unos días reaccioné con excesiva espontaneidad en la red Twitter ante el anuncio de que “algunos ambientalistas” iban a solicitar ante las cortes que se tutelaran los derechos del río Bogotá. En mi opinión, esta iniciativa era una pendejada. No dudo en pedir excusas a quienes lideran o creen que ese es el camino para aportar a la recuperación de una cuenca profundamente deteriorada: ninguna propuesta puede ser denigrada y mi intención no fue insultar a las personas u organizaciones que lideran esta iniciativa, a las que, por cierto, no conozco. Podría, incluso, tratarse de una idea de una sola persona hablando en nombre de cientos o de miles, que debe ser respetada, así que les ofrezco el privilegio de ocupar esta columna, con licencia de El Espectador, a modo de reparación.

Ahora, sigo creyendo que la solicitud es una aproximación equivocada para resolver lo que clama y con lo que sí concuerdo: “Es inaceptable que Colombia, siendo el sexto país del mundo con mayor riqueza hídrica, no sea capaz de ejercer todos los esfuerzos institucionales, tecnológicos y normativos para garantizar la seguridad y la soberanía hídrica”. La respuesta de las instituciones regionales no se hizo esperar, pues si hay alguna cuenca en la cual se estén haciendo esfuerzos es la capitalina (aunque el río Medellín y la autoridad metropolitana de Aburrá van punteando) y en especial gracias al fallo y seguimiento de una magistrada de vanguardia.

Otra cosa son expresiones como “están cometiendo una injusticia con el espíritu de la cuenca del río Bogotá” y “no han consultado con la comunidad”, dos frases que, si bien contienen una perspectiva de la política ambiental creciente, aparentemente más ecocentrista y más democrática, también pueden leerse como narrativas ingenuas u oportunistas para abrirse espacio en una lid que tiene décadas y muchos resquicios para hacerse con un trocito del proceso. Lo cual también es lícito, no faltaba más: todos tenemos derecho, en una sociedad tan mediática, salvajemente competitiva e inequitativa, a buscar una posición particular en ella, ya vendrá el debate público y definirá su conveniencia. Yo misma, debo reconocerlo, digo muchas pendejadas y acepto vaciadas frecuentes por decirlas, pero seguiré opinando y espero, con ello, contribuir al aprendizaje colectivo. Llevar todo a las cortes, sin embargo, nos condena al pleito infinito, modus vivendi en litigios que simulan la oposición proponiendo derrocar o destruir al contrincante para sustituirlo y, ahí sí, hacerse cargo, lo que pulveriza cualquier posibilidad de construir políticas de largo plazo; es decir, de sostenibilidad.

Dudo de que a estas alturas el río Bogotá pudiese beneficiarse de un mecanismo muy llamativo, que nació para proteger al río Atrato o la selva amazónica, no sobra decirlo, en un contexto completamente distinto y en evaluación. La sentencia del río existente, más centrada en la justicia entre humanos, ha mostrado ser bastante más efectiva que otras retóricas para obligar a las instituciones a seguir la antiquísima política muisca de aplicar todo el poder de su ingeniería en la modificación de cauces, canales y jarillones o en el monitoreo hidromorfológico y de la biodiversidad de un ecosistema construido por los seres humanos, en una compleja conversación entre ellos y el territorio, en chibcha: quyka. También puedo reconocer ese grado de agencia y escuchar.