Por: Rodolfo Arango

Pendientes de la fiscal

LA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, Viviane Morales, inspira confianza por su seriedad, su profesionalismo, su dedicación.

Pero nos debe respuestas en muchos casos. Duermen en el olvido las acusaciones contra los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios por la yidispolítica. Tampoco sabemos nada de las investigaciones al hermano del expresidente, Santiago Uribe Vélez, con el affaire Tasmania y su presunta participación en el grupo paramilitar de los 12 apóstoles. Los resultados en los procesos contra Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En ascuas estamos respecto de las pesquisas al actual embajador en República Dominicana, el exgeneral Mario Montoya, por presuntos vínculos paramilitares.

La labor eficiente de la fiscal Morales depende de multiplicidad de factores sobre los que no parece tener control. Los abogados de los acusados, expertos en diferir procesos y conocidos de los fiscales, trabajan en contra de su trámite expedito. Le apuestan a la prescripción de los delitos, estrategia rentable ante una institución paquidérmica y carente de control. Tampoco sus subalternos contribuyen a garantizar una justicia pronta y eficaz. Las dimensiones de la corrupción aseguran la impunidad incluso en los casos más sonados. La precaria infraestructura material y humana de la Fiscalía favorece la aplicación de una justicia selectiva. El principio de oportunidad lejos de contribuir a resultados eficientes ahonda la sensación de incertidumbre y la sospecha de politización de la justicia.

Los magros resultados del órgano de investigación y acusación penal en casos políticamente sensibles no son enteramente atribuibles a la cabeza de la entidad. Los subalternos no ayudan mucho. Parecen tener agenda política propia. Así sucede con el fiscal Pabón, cercano a Petro, declarado insubsistente por hablar más de la cuenta de su superior. Otro tanto añade el fiscal renunciante que instruía al exministro Arias. Su salida en este momento deja un sabor agridulce, sin saber si se trata de cansancio, temor u otra razón desconocida por la opinión pública. No olvidemos que no hace mucho tiempo la exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigación, Marilú Méndez, debió abandonar la institución luego del escándalo por los vínculos contractuales de familiares suyos con Fondelibertad, durante el Ministerio de Defensa del actual presidente de la República.

La fiscal general es consciente de la magnitud del problema de la justicia penal. Ya cuenta con la información y los conocimientos in situ para proponer reformas estructurales cuyo trámite y financiación son inciertos. Pero los problemas no se resuelven sólo con más dinero o más gente. Existe un problema más profundo que remite a la debilidad en la formación ética de los funcionarios públicos. El saber moral, el carácter y la actitud firme para la acción, a los que se refiere Aristóteles en su Ética a Nicómaco, faltan en la formación profesional de la justicia. Los ojos podrían dirigirse a la escuela judicial Lara Bonilla.

La ciudadanía debe mantenerse alerta, más ante el grandilocuente silencio de la Corporación Excelencia para la Justicia. Los casos que duermen en el olvido son precisamente aquellos de cuya solución dependen grandes intereses políticos. Contra la politización de la justicia es aconsejable el fortalecimiento de las calidades jurídicas y personales. El excelente nuevo ministro de Justicia sabrá hacer equipo con la valiosa fiscal general para recuperar la dignidad del derecho en una sociedad carcomida por la corrupción.

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