Por: Salomón Kalmanovitz

Pensiones desiguales

La mitad de los ancianos en Colombia viven en pobreza y obviamente no cuentan con pensión alguna.

El 60 % de la fuerza de trabajo está en la informalidad, donde no existe ahorro pensional y pocos pueden acceder a los programas de apoyo del Gobierno.

En Colombia, la desigualdad impera en todas las clases sociales. Si usted es de clase media y está afiliado a un fondo de pensiones privado, el valor de su mesada será inferior en un 60 % de la que recibiría en Colpensiones, a pesar de que cotiza igual y cumple con los mismos requisitos de tiempo y edad. Para poner un ejemplo: si usted devenga $4,5 millones mensuales, en el sistema privado le dan una mesada de $1’300.000, pero en el público recibe $3 millones. Es difícil para una persona mayor subsistir con menos de una tercera parte de lo que devengaba al final de su historia laboral, cuando aumentan sus costos en salud no cubiertos por las EPS.

La razón de fondo para la diferencia es que el sistema privado les reparte a sus pensionados una parte de los rendimientos que obtiene de sus inversiones, mientras que el público se basa en reglas muy generosas de reparto que requieren de un monto elevado de subsidios. El régimen público beneficia en especial a los legisladores, magistrados y altos funcionarios del Gobierno e incluye 14 mesadas al año. Los fondos de pensiones privados obtienen utilidades que reparten entre sus afiliados de manera arbitraria, siendo muy difícil que le entreguen al pensionado su bono en efectivo; sólo a su muerte, sus herederos pueden reclamarlo.

Los fondos de pensiones privados disponen del ahorro pensional y en cesantías por $188 billones (23,5 % del PIB), que pueden invertir de manera regulada en deuda pública (36 %), acciones (24 %), bonos privados (11 %) y fondos privados de inversión (6 %) que pueden destinarse a especular con materias primas, finca raíz y carreteras 4G, todas actividades de alto riesgo.

Los subsidios anuales que le gira el Gobierno a Colpensiones son del orden de 3,7 % del PIB, $34 billones en 2015, más que lo que se gasta en los rubros de educación y defensa. Al inicio del sistema privado se diseminó la especie de que Colpensiones iba a quebrar, dejando en la calle a todos sus afiliados, lo cual convenció a muchos incautos de pasarse a los fondos privados. También ofrecía la devolución del bono pensional para que el interesado pudiera invertirlo como más le conviniera, pero que está rodeado de tantas limitaciones que imposibilitan su traslado en la práctica.

El problema ha sido el de la información engañosa en torno a decisiones que son muy difíciles de entender para la mayor parte de las personas. Por eso, hoy en día la Superfinanciera obliga, algo tardíamente, a que los afiliados que quieran cambiar de fondo pensional dispongan de asesores en ambos lados de la operación.

La Ley 797 de 2003 dificultó la migración de los afiliados del sistema privado al público que se daban cuenta de que les era más beneficioso hacerlo así, un corralito a la colombiana. Eso permitirá que las finanzas del sistema pensional público se nivelen en 2018 y comiencen a disminuir en la medida en que nos morimos los viejitos, descansando en 1 % del PIB hacia el 2049.

Lo que debe hacer el Gobierno es diseñar un sistema universal de pensiones que trate a todos por igual y les ponga impuestos a las pensiones elevadas (hoy están exentas) que contribuyan a financiar las pensiones de los ancianos desamparados.

 

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