Por: Mario Fernando Prado

Peor el remedio…

El problema de tierras en el Cauca no parece tener fin y, en un afán mediático, el Gobierno ha planteado un esperpento tal que ha recibido el rechazo unánime de todos los estamentos sociales, políticos y gremiales del departamento.

El proyecto del Incoder —no consultado con ninguno de estos estamentos de la región— pretende, a pupitrazo limpio, que se adquieran 74 mil hectáreas para ser entregadas a los indígenas, creándose así 14 nuevos resguardos y convirtiéndose a estas comunidades en los mayores terratenientes del departamento.

¿De dónde van a salir las 74 mil hectáreas? Del desalojo, despojo o compra (¿?) de tierras que actualmente poseen campesinos, afrodescendientes, desplazados e incluso indígenas que en su mayoría no pertenecen al CRIC —Consejo Regional Indígena del Cauca—.

¿Se imaginan lo que puede suceder? Pues que se plantee una lucha de clases de insospechadas consecuencias.

Sabido es que los indígenas —cuyos dirigentes en su mayoría se dan la gran vida— son ineptos para el manejo y la productividad de la tierra: no saben del tema ni parece que les interesara. Les importa más el territorio que la misma tierra. Sin embargo se les van a dar más extensiones sin que antes se haya analizado cuál es el balance de lo que han hecho con las otras miles de hectáreas que han recibido y que, según parece, han dedicado en su mayoría a todo menos a explotarlas y sacarles partido como era y es su compromiso.

Lo otro y más espinoso es el tema del contubernio que también dicen que existe entre algunas comunidades indígenas y la “cadena productiva” de la narcoguerrilla, que las utiliza para la siembra, recolección y hasta el procesamiento de la coca y la heroína.

Menos mal que se suspenderá esta agresión contra el Cauca porque, a decir del candidato a la Gobernación Juan Carlos López Castrillón, “no se resuelven los asuntos de fondo de territorialidad sino que se refuerza la división y el enfrentamiento entre las etnias que viven en el departamento”.

 

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