Por: Jorge Iván Cuervo R.

Perdimos por goleada

Estamos en el mundial de Brasil gracias a una buena generación de jugadores bien dirigidos con rigor y seriedad por Néstor Pekerman, pero en honor a la verdad, esta semana fuimos goleados como sociedad por un marcador de tres a cero.

El primer gol vino de la mano del concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, quien protagonizó un bochornoso espectáculo huyendo de las autoridades de policía quienes lo seguían impávidos, prácticamente escoltándolo, sin que nadie se atreviera a detenerlo. En una escena como de película de Dago García, por lo tosca y ridícula, toda la caravana ingresó como pedro por su casa a la Escuela Militar de Cadetes, a dónde el concejal, quien evidentemente no estaba en sus cabales, quería que se llevara a cabo el procedimiento. Contra toda evidencia, un director de fiscalías balbuceante y errático dijo que no se le podía imputar ningún delito, el indigno concejal quedó en libertad y al otro día entregó declaraciones que ofenden la inteligencia.

Este personaje degrada el servicio público y debe ser despojado de toda investidura y de la posibilidad de ejercerla en el futuro, pero la Procuraduría anda persiguiendo matrimonios igualitarios en lugar de cumplir con sus funciones. 

El segundo gol vino por cuenta de la captura del gobernador de la Guajira en ejercicio, Francisco Kiko Gómez, investigado por la comisión de graves delitos, y el dudoso papel que la Policía de ese departamento jugó en el operativo, sino obstruyendo la labor de los funcionarios del CTI al menos siendo negligente en facilitarlo, lo que ha generado la legítima suspicacia de cierta connivencia de miembros de la policía, o al menos inactividad para enfrentar el crimen organizado en esa región del país. El resultado de todo esto es una amenaza de denuncia del director de la Policía, general Palomino, contra la investigadora Claudia López por denunciar el hecho, y seguramente contra este servidor por contarlo.

Finalmente, está el caso del desplome de una de las torres del conjunto Space en la ciudad de Medellín, un proyecto inmobiliario detrás del cual hay poderosos intereses que hará difícil establecer las verdaderas causas del siniestro. Un asesor de la compañía Lérida CDO S.A, responsable del proyecto, de nombre Jorge Aristizábal Ochoa, señaló el día anterior que el edificio presentaba algunas fallas pero que no existía riesgo de desplome, y una asesora jurídica de la compañía, de nombre Ileana Arboleda, dijo que la administración municipal había actuado de manera precipitada al ordenar una evacuación. Lo cierto es que si no hubiera sido por la oportuna intervención del DAGRED, la tragedia que ya deja un muerto y diez desparecidos hubiera sido peor. Hoy se sabe que el curador segundo de Medellín, Carlos Alberto Ruiz Arango, quien otorgó la licencia de construcción, es propietario de un apartamento  allí, en un conflicto de interés ético que debe ser pieza clave en la investigación de las autoridades.

Son tres casos donde queda reflejada de manera grosera la incapacidad y/o negligencia del Estado, y la impotencia de los ciudadanos que nos preguntamos con horror y desconsuelo quienes y bajo qué estándares éticos nos gobiernan.

@cuervoji

 

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