Por: Mauricio Botero Caicedo

Perfiles en coraje

No hay que darle vuelta de hoja: lo que hicieron los tres magistrados de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck y Adolfo Murillo (del que se sabe poco y el que poco sabe), es darle patente de corso al narcotráfico. Esta patente significa darles autorización para hacer algo que no está permitido a los demás, es decir, traficar con cocaína. Y dentro de este vergonzoso episodio hay tres personas cuyo coraje moral merece ser resaltado. Las primeras dos son las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, que no dieron su brazo a torcer y decidieron poner de su puño y letra sus objeciones al texto de la JEP. Como bien lo resalta el contundente comunicado del Instituto de Ciencia Política, la magistrada López afirma que “la solicitud de extradición, el indictment y sus documentos anexos establecían con absoluta claridad una fecha precisa de la conducta atribuida, lo cual era suficiente para decidir de fondo”. Por su parte, la magistrada Rodríguez manifiesta que “la Sección de Revisión no tiene la facultad o competencia legal para disponer la libertad del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, en la medida en que la restricción o restablecimiento de ese derecho se afecta por una disposición normativa que habilita exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Decidir en sentido contrario atenta contra lo dispuesto por la Corte Constitucional e invade competencias de otras instituciones del Estado”.

Claudia López adicionalmente asegura que la Sala no requería ejercer una actividad probatoria en este caso, tal como lo hizo al exigirle a Estados Unidos el envío de evidencia. Aun así, dice que “se decretaron pruebas imposibles de conseguir y se dejaron de pedir otras que no eran idóneas para determinar la fecha de los hechos que se le imputan a Santrich”, y señala, además, que sus “compañeros de sala declararon ilícitas otras evidencias sin tener competencia para ello y asumieron un rol propio de un juez penal extranjero, alterando su competencia constitucional en el marco de la cooperación judicial”.

Por otro lado, el fiscal Néstor Humberto Martínez no ha podido ser más contundente en su carta de renuncia: “Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden… En el futuro la reincidencia en el secuestro, la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y el tráfico ilícito de drogas”.

A mediados del siglo pasado, el gran flagelo social no eran los narcotraficantes, sino los amigos de lo ajeno, los cacos. Antaño, algunos jueces eran tan pusilánimes como los de ahora. Esa situación le permitió a Hernando Martínez Rueda escribir una inmortal sátira cuyo título es Caconia, en la cual el lector puede sustituir la palabra caco por la de narcotraficante, y robo por narcotráfico:

“Y la acción más bolonia y la más infantil ceremonia

es poner contra un caco un denuncio por robo en Caconia;

porque el juez, que es caconio, a la vez tan cabal como probo

suelta al caco en razón de que el caso fue de hurto, no robo.

Fuero igual no tuvieron siquiera los zares:

porque al caco, y es claro, en Caconia lo juzgan sus pares”.

 

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