Por: Columnista invitado

Permítame sus documentos

Cada vez es más frecuente encontrar miembros de la Policía, celular o computador en mano, requiriendo cédula de ciudadanía para “verificar antecedentes”.

En mi caso, me han pedido cédula en varias ocasiones y circunstancias: caminando por la calle, manejando carro en la ciudad y otras veces viajando en buses intermunicipales.

Se trata de una versión oficial de pesca milagrosa en donde la actividad de la Policía depende de la suerte de toparse con quien haya pasado por el sistema de justicia y haya sido ya reseñado por una autoridad. No se requiere de ninguna destreza investigativa o esfuerzo especial para realizarla y, en caso de suerte, es un “positivo” seguro que probablemente da lugar a una felicitación en el “folio de vida”. Además, tiene un efecto simbólico importante: muestra a la población que la Policía está vigilante en las calles combatiendo el crimen. Esto, a pesar de los pocos criterios existentes para impedir que el procedimiento termine perfilando, por raza o por clase, a los sospechosos de siempre.

El procedimiento resulta incómodo para quien va por la calle y es detenido para esta verificación. Pero uno podría pensar que es una molestia menor frente a las posibles ganancias en seguridad que se obtienen. Así solía pensar yo. Pero mi experiencia reciente me hace dudar cada vez más de las bondades de esta estrategia. Hace unas semanas a mi abuelita, una tierna ancianita de 80 años, unos ladrones la drogaron para luego entrar a su casa y robar lo que encontraron a su paso. Pero la respuesta de las autoridades frente al hecho fue tal vez más indignante que lo que les cuento.

La Policía fue a la casa, pero se negó a practicar cualquier tipo de prueba bajo la excusa de que probablemente no habría huellas, ya que “esa gente es muy viva”. De ahí para adelante toda la carga de la investigación debía ser privada. Alguien que trabaja en el sistema de justicia me sugirió que si queríamos promover la investigación debíamos contratar a alguien (mejor si era expolicía) para que tomara las pruebas técnicas en la casa. Para certificar que sí había sido drogada debía destinar otro día para ir a Medicina Legal, pues el certificado del médico de la clínica que (mal) atendió la emergencia no era suficiente. Además, debíamos hacernos cargo de recolectar los vídeos de vigilancia de los edificios vecinos y llevarlos nosotros a la Fiscalía para iniciar la acción penal, dado que es necesario ir a la Unidad de Reacción Inmediata —URI— a “poner la denuncia”. La Policía que asiste el caso no informa nada a la Fiscalía. Todo es a cargo de la víctima.

Ese incesante rosario de indignantes trámites y procedimientos tiene un seguro resultado: obrar como el desincentivo perfecto para la denuncia de las víctimas. Más si las perspectivas para que el caso se resuelva, después de haber realizado todo esto, son absurdamente escasas. Y es por eso que me pregunto: si los casos no llegan a las denuncias y a la correspondiente reseña de los criminales ¿Cuál es realmente la probabilidad de que los pescadores milagrosos encuentren a los criminales pidiéndoles la cédula? ¿Podría decirse que hay Policía para todo y que son acciones complementarias? Tanto las estadísticas, como la percepción ciudadana, parecen decir que no. Tampoco existe información producida por la Policía que lo sustente. Por tanto, ¿no sería mejor tener a la Policía en actividades reales de vigilancia y de investigación en lugar de tenerlos perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a quien, a lo mejor, va de afán a buscar una prueba para poner una denuncia?

 

*Profesor de la Universidad Nacional e investigador de Dejusticia

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