Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Pesadilla pública

El procurador Alejandro Ordóñez lleva cinco años sosteniendo que es perseguido por sus creencias religiosas, que, según él, jamás ha tenido en cuenta a la hora de tomar sus decisiones.

Como primero cae un mentiroso que un cojo, ahora se ha sabido que dio la orden de que la Procuraduría indague en todos los juzgados del país sobre los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo. Se trata de un censo intimidatorio.

Para el más desentendido es evidente que la Procuraduría no necesita para ninguna de sus misiones establecer cuántos matrimonios gais se han celebrado. Quien necesita esos datos es Ordóñez, porque de acuerdo con su fe lefebriana considera que es pecado el matrimonio igualitario y, por eso, acudiendo a todas las formas de lucha, está dispuesto a denunciar a quien no participe de su catolicismo exacerbado. Mezclar personales convicciones religiosas con el ejercicio de la función pública, en derecho penal es lo más cercano al prevaricato.

Raro que el presidente de la Sala Jurisdiccional del Consejo de la Judicatura, quien siempre está presto a anunciar investigaciones contra los jueces criticados por los medios, esta vez no se le haya ocurrido recordarle a ese procurador que no es su competencia investigarlos. 

Si Ordóñez se atreve a inmiscuirse en la competencia del Consejo de la Judicatura al amenazar a los jueces, es porque se lo han permitido los magistrados, unos porque le temen y tienen rabo de paja, otros por falta de carácter y unos más porque son alfiles de la camarilla burocrática dueña de la justicia. La cosa es tan grave, que hoy para ser magistrado de una alta Corte, el aspirante tiene que pasar primero por el confesionario de Ordóñez, porque desde su despacho se imparte la bendición para que sus amigotes concedan la gracia de convertir en togado al escogido. 

Pero el Gobierno también le permite a Ordóñez excesos como el de esta semana, cuando lo vimos ejerciendo soberanía en el meridiano 82, como si fuese presidente, canciller o comandante de las Fuerzas Armadas. Y ningún funcionario protesta, porque le temen. Le han permitido de todo, no sólo su tramposa reelección, sino hasta haberle dado cupo en el gabinete a través del nombramiento de una oscura y mediocre ministra de Justicia. Hasta en el Congreso están arrodillados al inmenso poder del procurador, al extremo de que en días pasados casi le pidieron excusas en una resbalosa carta en la que en tono de ruego le pedían permiso para ir a La Habana.

Y muchos en su afán de congraciarse con este procurador tenebroso han aplaudido la destitución arbitraria de Piedad Córdoba, sin importarles las graves consecuencias que ello tiene para la democracia. A propósito, a María Isabel Rueda no le gustó mi apreciación de que la destituyeron por negra, liberal y contestataria, porque a su juicio —con notorio sesgo personal—, fue bien destituida. Lo que no dijo la columnista es que las pruebas con las que ella y también el procurador señalan a la exsenadora de tener vínculos con la guerrilla fueron obtenidas ilegalmente y, por tanto, no debieron haber sido acogidas bajo ninguna circunstancia. Salvo para destituirla porque, reitero, la sindicada y calumniada es de color, roja y rebelde.

Y de los partidos políticos ni se diga. El liberalismo no sólo ayudó a elegirlo y reelegirlo, sino que su jefe único públicamente pondera la importante gestión de este peligroso procurador perseguidor.

Y para que no queden dudas, Ordóñez salió a vociferar contra la Corte Constitucional por tumbar el fuero penal militar, acompañado por otro de sus aliados, el iracundo magistrado Pretelt, porque ambos son conspicuos agentes de la ultraderecha y comparten intereses burocráticos familiares. A ese combo se sumó el bocón ministro de la Defensa, cada vez más provocador y nada convincente.

Y para acabar de completar, los locos de las Farc cometen el imperdonable error de convertir en héroe a este procurador que ejerce el odio en nombre de Dios y la Virgen María. 

Adenda. Según lo informado en este periódico, la provisión de gasolina de los carros personales de la contratadora Sandra Morelli no sale de su bolsillo sino del erario. ¿Rico no?

notasdebuhardilla@hotmail.com

 

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