Por: José Antequera Guzmán

Petro y el derecho a la verdad

La llegada a la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro tendrá importantes consecuencias con respecto a la continuidad de las políticas distritales en materia de derechos de las víctimas.

En particular, nos preocupa lo que pueda pasar con el derecho a la verdad, fundamento del resto, y reivindicación de la sociedad en su conjunto.

Frente al discurso del reconocimiento de las víctimas sin precedentes inscrito en la Ley de Víctimas, es importante advertir que en Bogotá se han avanzado programas tan bien diseñados como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, previo al Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta iniciativa, en construcción junto al Cementerio Central en Bogotá, se ha constituido en un verdadero hito con particularidades por defender.

Para empezar, se ha edificado sobre el reconocimiento de la violencia sociopolítica y del conflicto armado (no sólo del conflicto) constituyéndose en espacio de comprensión del mismo desde sus causas y consecuencias estructurales. Ha considerado un periodo para su política desde, por lo menos, 1948, y no desde el arbitrario rasero de 1964 (de Eduardo Pizarro) o de 1985 (de la Ley de Víctimas). Adicionalmente, también a diferencia de la Ley de Víctimas, ha definido sus componentes con la participación comprobable de las principales organizaciones de víctimas a nivel nacional, sin distinguir según los perpetradores, incluidas las víctimas de crímenes de Estado (que no es lo mismo que decir de “agentes del Estado”). Y, como gran valor, este centro se ha comprendido como parte necesaria de una política pública más amplia, pero no sólo de garantía de los derechos de las víctimas, sino como parte de los fundamentos de construcción de ciudadanía y participación, frente a las nuevas generaciones que necesitan rescatar de las víctimas, más allá del sufrimiento, el valor de las alternativas truncadas en la construcción de democracia y paz.

En su discurso de victoria, Petro se mencionó como “hijo del proceso de paz de 1989”. Es cierto que esa cuestión produce aversión en la extrema derecha. Pero lo preocupante es que el esquema de exclusión del gobierno de Santos es otro, y ahí el riesgo ante el que nos enfrentamos. El reconocimiento de la violencia estructural que subyace a las confrontaciones armadas, y la existencia de políticas de exterminio en Colombia que vinculan la participación del Estado, son apenas dos de los pivotes para hablar en realidad de una política de la verdad y la memoria que conduzca a la paz, y ambas cosas, desafortunadamente, son parte de lo que el nuevo alcalde tendrá que poner en la agenda de negociación con un Gobierno nacional interesado en la historia del conflicto armado como bonche de guerrilleros contra paramilitares, con consecuencias que merecen, entonces, un tratamiento principalmente económico.

Frente a esta situación me permito hacer un llamado urgente. Gustavo Petro deberá aplicar lo establecido en la Ley de Víctimas acerca de que las entidades territoriales pueden emprender procesos de verdad y memoria de manera autónoma, como ha ocurrido ya con el Centro de Memoria mencionado. Eso es lo justo con una política construida participativamente. Eso es lo necesario contra las vulneraciones al derecho a la verdad que nos han metido con la excusa del “reconocimiento sin precedentes del dolor”.

 

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