Por: Héctor Abad Faciolince

Pico y plata

Las marchas de este final de año en Colombia son la manifestación palpable de una rabia ciudadana, de un malestar difuso, sobre todo en la juventud. Si bien lo que se pide en esas marchas es a veces confuso y hasta contradictorio, hay un sentimiento común en esa diversidad de gritos y demandas: los jóvenes aspiran (y es un sueño hermoso y legítimo) a que haya menos desigualdades, menos arrogancia por parte del Gobierno, menos humillaciones a causa del origen social, del barrio en que se vive, del dinero que se tiene, del color de la piel, del colegio al que se va, de la camioneta o el carro que se tiene. Por mucho que nos incomode, hay algo hermoso y rescatable en ese despelote: un llamado claro por más igualdad y menos privilegios.

Hace varios años, cuando en el Concejo de Bogotá se planteó por primera vez la propuesta de que los ciudadanos más ricos pudieran pagar para no tener que respetar el pico y placa, Mauricio García escribió en estas páginas un par de columnas luminosas al respecto. En la primera planteaba la tesis de que en una sociedad justa hay cosas que el dinero no debería poder comprar: por ejemplo pagar para no cumplir las leyes. ¿Si soy rico me puedo pasar los semáforos en rojo, saltarme la fila y no obedecer las restricciones de tráfico? No debería ser así. Esto vale para el pico y placa, pero también para quienes pagan por contar con más protección de la Policía o del Ejército, o para purgar condenas por corrupción en guarniciones militares que funcionan más como un club privado que como una cárcel.

En el segundo artículo, García señalaba que, aunque una medida como la de pagar para no cumplir con el pico y placa era una decisión que podía defenderse con argumentos económicos (básicamente que el dinero recaudado así se iba a usar para fortalecer el transporte público), promover ese tipo de políticas públicas dejaba un mensaje muy poco educativo, con pésimos efectos culturales, pues promueve la idea de que basta ser rico para no tener que cumplir las normas. Y al mismo tiempo provocaba más rabia, más descontento y más antipatía, lo cual tenía costos sociales que los economistas no suelen calcular. Aún suponiendo que una medida así sea conveniente (lo cual no creo), aprobarla precisamente ahora (el alcalde firmó el decreto esta semana) no puede ser más torpe ni más inoportuno. En una ciudad con mal transporte público y un tráfico infernal, ¿enviar el mensaje de que si tengo plata me paso por el bozo el pico y placa? Eso lo único que genera es rabia, antipatía, ira, rechazo. Es la típica ley que, entonces, se aplica para todos, menos para los más ricos.

No soy de los que piensa que nadie deba tener privilegios. Hay privilegios, por ejemplo, que se derivan de la debilidad, o de la vulnerabilidad: los discapacitados tienen un parqueadero especial, las mujeres embarazadas o los ancianos, los mutilados, pueden tener sitios reservados. También hay privilegios que se derivan del mérito intelectual: los profesores, los decanos, los rectores no tienen por qué ocupar el mismo sitio que los estudiantes y merecen estar en un lugar especial en un auditorio. Hay ciertos privilegios que dan también el poder o la responsabilidad: es normal que el carro del alcalde o del presidente de la República no tengan pico y placa, para poner el mismo caso en discusión. Ya que se supone que gobiernan, se les debe facilitar el ejercicio de gobernar.

Pero los privilegios que provienen simplemente del hecho de tener más plata son los más odiosos, los más difíciles de tragar y digerir. Y por desgracia, también, quizá los más comunes. Ya en la vida privada los más ricos tienen mejores casas, más espacio verde, mejores carros, mejores colegios, más servicios. Que a esto se añada que también en la vida pública, en el sitio de todos, puedan pasar por delante de los demás por el simple hecho de tener más plata, es un privilegio que se percibe como odioso, injustificado y discriminador. No puede ser.

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2019-12-15T00:00:33-05:00

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