Piratas de la política

La crisis institucional de Cartagena, desatada por la alarmante situación de interinidad de sus mandatarios, no solo tiene en jaque el desarrollo económico y social de la ciudad, sino que pone en riesgo el desenvolvimiento de su actividad turística, hoy en día su principal motor de crecimiento. La Heroica, como la proclamó Bolívar en tiempos de la Independencia, soporta por estas épocas otro cerco, el de una clase política y dirigente inepta y un desgobierno que se mantiene en vilo.

En cinco años, nueve alcaldes han desfilado por su despacho, entre encargados o suspendidos y detenidos por corrupción, sin contar con la realidad de un Concejo desmoronado por las órdenes de captura que pesan sobre la mayoría de sus miembros. El fin de semana, en lo que se advertía como crónica de una revocatoria anunciada, el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó medida cautelar y suspendió al recién elegido burgomaestre, Antonio Quinto Guerra, al inferir causal de inhabilidad para desempeñar el cargo.

Cartagena entonces se vuelve a quedar sin alcalde, tendrá otro más designado por el presidente Santos, y seguramente habrá de elegir uno nuevo en próximas elecciones atípicas. La prolongada interinidad paraliza la administración y refleja un desajuste estructural en su institucionalidad, escenario que golpea su imagen en el exterior, afecta la economía, produce desempleo y genera impacto negativo en la actividad turística.

El Corralito vive el peor momento de sus últimas décadas. La ingobernabilidad impide trazar reglas claras sobre el futuro de la ciudad —de por sí aquejada por la obsolescencia del POT local—; limita la planeación y la ejecución de obras; deja en suspenso millonarias inversiones en proyectos, varios de ellos hoteleros, y contribuye al deterioro del casco urbano, incluyendo el Centro Histórico. La inseguridad aumenta, al igual que la informalidad turística y del sector comercial. Playas y calles son tomadas por ventas ambulantes y grandes sectores de población profundizan sus problemas de pobreza y desigualdad social.

El turismo es un pilar de la economía cartagenera, hacia donde enfoca su principal vocación. Sin embargo, carece de una institución fuerte que tenga posibilidad de decisión para hacer del destino un centro turístico internacional de primer orden, gracias a sus activos de interés arquitectónico, cultural y natural. Hoy en día, desde hace años, y con escasos recursos y herramientas de trabajo, la Corporación de Turismo, presidida por Zully Salazar, es un brazo aislado que, tenazmente y con las uñas, intenta abrirle espacios a la promoción de la ciudad.

Cartagena posee las condiciones para consolidarse como la punta de lanza del turismo nacional, pero la clase política —de todos los partidos—, enredada en su turbia red de intereses, le tiene el palo en la rueda. El elevado aporte de esta industria en el PIB local no se refleja en la organización del destino, ni en el crecimiento de la infraestructura y logística turísticas, como tampoco dinamiza ni redistribuye riqueza y bienestar social.

La condición política de la ciudad, sumida en escándalos y corrupción, contagia una percepción negativa y es factor incidente que altera de alguna forma la decisión de viaje de los turistas. Un destino turístico vive de su imagen que es un patrimonio sensible, y sostenerlo en un catálogo internacional de ofertas se complica cuando los argumentos de venta tropiezan con la realidad.

Si sus habitantes no despiertan y encuentran pronta solución al grave problema de gobernabilidad, el empuje y dinamismo de la bella ciudad seguirá río arriba, navegando a la deriva, con riesgo de naufragar. Las instituciones se quedaron cortas, los proyectos, planes y programas de todo orden se retrasan, y el impulso al turismo, su principal estrategia de competitividad, brilla por su ausencia.

Cartagena, a pesar de sus históricas murallas, vuelve a ser sitiada, y la administración, como Blas de Lezo —cojo y manco—, se arrincona ante los implacables piratas de la política local.

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@Gsilvar5