Pirómanos

Comportamiento más censurable que tratar de apagar un incendio con gasolina es provocarlo y usar esta para controlarlo. La situación de orden público, los riesgos de confrontación en la frontera con Venezuela, las amenazas a los campesinos de fumigarlos a ellos y sus cultivos con un veneno, el mensaje a los partidos de oposición de que se emplearán los organismos de control para evitar la participación de sus candidatos en las próximas elecciones, el desconocimiento de los acuerdos internacionales y el acatamiento abyecto a las políticas de Trump en el manejo de las relaciones internacionales son unos pocos ejemplos del manejo del país. Analistas internacionales dicen que Colombia es un polvorín, y las acciones del Gobierno parecen orientadas no a desactivarlo sino a incendiar la mecha.

La firma del acuerdo Gobierno-Farc no conllevó automáticamente a la paz, pues quedaban otros grupos armados ilegales, narcotraficantes, explotadores ilegales de oro y coltán, pero redujo los asesinatos y los secuestros. El camino era continuar buscando el desarme o sometimiento de las estructuras ilegales. Se hizo lo contrario, se buscó torpedear las instituciones creadas para lograr la verdad, la reparación y la no repetición de los hechos violentos. Se envió a los otros grupos ilegales el mensaje de que no se respetarían los acuerdos, pues no se cumplieron en la ruptura de las negociaciones con el Eln. Los asesinatos de los desmovilizados de las Farc se iniciaron con el realizado por miembros activos del Ejército. Con estupefacción se oyó mentir a Guillermo Botero, el entonces ministro de Defensa, y al presidente respaldándolo. El porte legítimo de las armas por parte de las Fuerzas Armadas les impone a sus integrantes un estricto cumplimiento del respeto a la ley y en especial a los derechos humanos.

La inoportuna frase del presidente al llamar “gallardo” el comportamiento de la Policía el día que se torturaron y asesinaron civiles se puede interpretar como una justificación de su accionar. La respuesta del comandante del Ejército ante los resultados de la investigación de la JEP sobre los 6.402 asesinatos de civiles inermes por miembros del Ejército parece avalar la tesis de que lo censurable no son los asesinatos, sino que se divulguen. Causan estupor las declaraciones del ministro de Defensa al decir que 6.402 es una cifra que busca crear una imagen negativa de las Fuerzas Armadas, que acepta la cifra oficial inicial de 2.400, como si estos fueran tolerables. Por cierto, la cifra 2.400 es casi igual a todos los desaparecidos y asesinados durante la dictadura de Pinochet. Las frases de los dirigentes avalan comportamientos delincuenciales: “No son falsos positivos, son falsas denuncias” y “no estaban recogiendo café”.

La política con Venezuela no ha buscado el bienestar de los habitantes de las zonas fronterizas, es odio heredado del “presidente eterno” y se ha limitado a seguir la hoy caduca política de Trump, que tuvo la idea de usar a Colombia como cabeza de playa para una incursión militar. Pocos dudan que Maduro es un dictador que ha tomado el control de las tres ramas del poder, al igual que Duque, y ha logrado destruir la economía del país; justo es reconocer que aquí se diferencia de Duque, quien no lo ha logrado. Sin embargo, se puede preguntar: ¿le corresponde a Colombia derrocar al dictador venezolano? El apoyo de Maduro a los grupos ilegales colombianos es la respuesta, inadecuada, a la intervención de nuestro país en sus asuntos.