Por: Carolina Botero Cabrera

Plagio evidencia ausencia de debate democrático

Como activista de derechos en el entorno digital, me impresiona la incapacidad de los Estados para generar documentos interesantes que justifiquen sus políticas.

Salvo contadas excepciones, se han vuelto simples colchas de retazos de textos de Internet.

Parece normal que las motivaciones carezcan de un verdadero recuento del estado del arte, de análisis de los diferentes ángulos, de los motivos que justifican una decisión concreta; no mencionan si hubo debate, ni cómo fue. Son documentos pobres llenos de “copy/paste” o plagio. Pero, incluso puede ser peor: usan literalmente textos de activistas para justificar lo opuesto a lo que ellos defienden.

La retención de datos (obligación de los intermediarios de las comunicaciones de guardar datos de sus suscriptores para entregarlos cuando son requeridos por autoridades) se está revaluando en el mundo debido a la amplia capacidad que hemos ido conociendo en las tecnologías para monitorear e invadir nuestra intimidad. Para que esté ajustada a estándares de derechos humanos, esa legislación debe ser cuidadosa con el plazo, clara sobre el alcance, la autoridad, las condiciones, etcétera. En febrero, Juan Diego Castañeda, investigador de Fundación Karisma, donde trabajo, criticó en un artículo la política de retención de datos colombiana. La sorpresa, es que el texto se usó, literalmente, para justificar el Decreto firmado por Humala en Perú: la llamada #LeyStalker. Una iniciativa que la sociedad civil peruana ha criticado por inconsulta y porque no se ajusta a estándares de derechos humanos.

El plagio es un delito. Sin embargo, cuando las palabras de los activistas se usan para justificar políticas, suele ser una acción bienvenida; si nuestros argumentos dejan de ser nuestros para convertirse en ley, nadie protesta. En cambio, tergiversaciones como la descrita muestran que nuestros hacedores de política pública siguen creyendo que basta con dar apariencias democráticas. Las políticas públicas en un Estado democrático se discuten con todas las partes interesadas, se reconocen los argumentos de todos, se evalúan y, en un proceso de debate, se define la opción final. Saltarse el proceso, tomar de internet lo que hay sobre el tema para hacer una colcha de retazos amañada es ilegítimo, reprochable e injustificable. Y recordamos que, incluso, es un delito.

 

 

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