Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Planeación y Macondo institucional

HACE POCO TIEMPO CONOCÍ UNA historia macondiana, muy propia de nuestra institucionalidad.

Un viejo terco que no cede fácilmente ante las trabas burocráticas, y que fue burócrata y conoce bien nuestra institucionalidad, es el protagonista. Me refiero al propietario de una finca en La Dorada, sobre la cuenca baja del río Doña Juana. Cerca de 100 de sus 170 hectáreas han sido destinadas a la recuperación del bosque nativo, ya que las características de sus suelos y las pendientes de las lomas hacen que buena parte del terreno sea muy vulnerable a la desertificación. En esta tarea lleva alrededor de 35 años. Con terquedad y en contra de lo que hacen sus vecinos (que convierten sus fincas en potreros sin árboles) nuestro protagonista desarrolla un proyecto silvopastoril que demuestra que la ganadería y los bosques sí se complementan. De vez en cuando algún comerciante de tierras viene a proponerle la compra de esa finca “enrastrojada y en desuso”, pero él dice: “No la vendo,  y sí la estoy explotando. Lo que no estoy haciendo es acabándola como hacen mis vecinos”.

En 2008, el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) incrementó en 500% el avalúo catastral del predio en cuestión. En marzo de 2009 nuestro protagonista decidió acogerse a la ley y solicitó la revisión del avalúo. No recibió respuesta y protestó mediante un derecho de petición, que radicó en julio del mismo año. En septiembre de 2009 el IGAC respondió que el reavalúo sí se ajustaba a lo que debía ser el predio según su ubicación y suelos, pues el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) establecía que dicha zona estaba catalogada como apta para uso agropecuario. Además, el IGAC informó de manera equivocada que sólo el 10% del predio estaba en conservación. En abril de 2010 nuestro protagonista radicó un nuevo derecho de petición, donde argumentó que el 60% de su finca estaba en conservación. En mayo de 2010 el IGAC ratificó que el 90% del predio eran pastos y solicitó pruebas; el propietario exigió una verificación in situ, pero el funcionario del IGAC que visitó la finca y vio lo evidente con sus propios ojos se resistió a firmar un acta de visita y a emitir un concepto.

En marzo de 2011 nuestro amigo radicó personalmente un quinto derecho de petición en la sede del IGAC en Manizales; sus funcionarios lo enviaron a la CAR, y de allí lo devolvieron al IGAC, donde tornaron a remitirlo a la Alcaldía de La Dorada. Dos funcionarios de la Secretaría de Planeación visitaron el predio, y certificaron que efectivamente el 60% de su extensión se encontraba en conservación y se ajustaba “ejemplarmente” a la agenda ambiental del municipio.

Ahora, nuestro amigo espera la respuesta a un sexto derecho de petición. Cuando alguien como él, sin otros recursos que los ofrecidos por la ley, quiere conservar y manejar sosteniblemente su predio, las instituciones crean una cortina de humo bastante cuestionable. Por otro lado, es absurdo que el sistema de impuestos se convierta en un aliado del mal manejo del medio ambiente. Esperamos que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propicie desenlaces positivos a historias como la que acabo de contar. Se comparte la intención del PND con el ajuste al avalúo catastral, pero debe incluir criterios ambientales y compensar a quien conserva; éste es un uso del espacio con beneficio social.

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