Por: Luis Carlos Vélez

Plata, elecciones y contratos

En síntesis, la película es la misma: una multinacional se acerca por medio de un intermediario a una campaña política para ofrecer apoyo económico. La campaña acepta, la empresa crea un esquema para la entrega de ayudas, el candidato gana las elecciones y, finalmente, la multinacional recibe generosas concesiones durante la administración del político convertido ahora en funcionario y cabeza del Estado.

Así funcionó con Odebrecht y aparentemente así también operó Cemex en nuestro país. La historia empieza de la siguiente manera: en diciembre de 2016 Cemex recibió un requerimiento de información por parte de la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés), para determinar si la empresa habría incurrido en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero relacionadas con la construcción de su nueva planta de cemento en el municipio de Maceo, en Antioquia. El requerimiento coincidía con el resultado de auditorías internas que arrojaron la existencia de irregularidades en pagos relacionados con el mismo proyecto que no resultaban en observancia con los controles internos de la multinacional y que, como resultado, provocaron el despido y retiro de dos de sus directivos en Colombia.

Desde ahí, la historia se centra entonces en Édgar Ramírez, exvicepresidente de Planeación de la multinacional cementera, quien se acogió al programa de testigos protegidos del FBI a partir del 29 de diciembre del año pasado. Según testigos, Ramírez ha realizado duras declaraciones en contra de políticos colombianos y revelado esquemas de corrupción similares a los realizados por Odebrecht para intercambiar millonarias ayudas a campañas políticas a cambio de ventajas en el otorgamiento de proyectos de infraestructura durante el gobierno Santos. El FBI, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC contarían con un arsenal de correos y grabaciones para sustentar su caso. También las autoridades estadounidenses y colombianas contarían con grabaciones nuevas sobre el caso Odebrecht.

Pero todo no termina ahí. En medio este proceso, como si no pasara nada, en abril de este año la cementera llegó a un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría, por medio del cual se avaló la suscripción de un contrato de operación minera, prestación de servicios de fabricación, despacho y arrendamiento en la planta de Maceo, la misma que desencadenó el escándalo. Y acá viene la perla: el líder de la negociación en cabeza de Cemex fue Juan Alberto Londoño, asesor del Ministerio de Hacienda, quien trabajó para Cemex. Como quien dice: todos untados por la misma porquería.

Y es ahí donde uno se pregunta: ¿qué pasa en Colombia que, aunque a cuentagotas aparecen constantemente evidencias de la existencia de un esquema de corrupción para ganar campañas a cambio de beneficios en proyectos de infraestructura, no caen los pesos pesados y encima a las multinacionales en cuestión se les sigue permitiendo operar sin restricción alguna?

Para fortuna de los colombianos, estos entramados de Odebrecht y Cemex o pasaron de alguna manera por el sistema financiero estadounidense, o violaron prácticas de negocios de ese país, o hacen parte de una multinacional con presencia en la unión americana. Por lo que es de esperarse que las manos negras de nuestra injusticia no logren enterrar lo que todos necesitamos saber.

El nuevo fiscal, sea quien llegue a ser, debe darle prioridad a lo relacionado con estas empresas y su actuación en política. Su debida labor es la única manera de recuperar algo de la institucionalidad perdida, caiga quien caiga.

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2019-06-17T00:00:45-05:00

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2019-06-17T00:15:01-05:00

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