Por: Alejandro Gaviria

Plata tiene que haber

ESTA COLUMNA QUIERE llamar la atención sobre un anuncio presidencial que pasó desapercibido, que no ha recibido la atención debida por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos.

Una de las tantas consecuencias adversas del conflicto, de la fijación nacional con las Farc, es el deterioro de la calidad del debate público. Muchos temas importantes simplemente no se discuten. Ni siquiera se comentan. No sólo somos un país polarizado: somos también un país monotemático. El diálogo de sordos es, al mismo tiempo, un sonsonete repetido: el mismo tema con las mismas variaciones, la misma melodía repetida hasta el cansancio.

Hace unos días, en un consejo comunitario celebrado en la ciudad de Magangué, el presidente Uribe hizo una declaración perentoria. “Le voy a pedir este favor a Planeación y a Hacienda: miren dónde se hace el recorte para tener la plata el año entrante y llegar a tres millones de Familias en Acción. Vamos a aplicarle a esto aquella regla contable de don Pepe Sierra: hay cosas para las cuales… plata tiene que haber. Haya o no haya, tenemos que conseguirla, pero hay que financiar tres millones de Familias en Acción… Porque esto es: a los bandidos, madera; y a los pobres, cariño. Pero que se vea”. El Presidente, palabras más, palabras menos, anunció la duplicación de la cobertura del programa Familias en Acción, que entrega dinero en efectivo a familias de estratos bajos, y lo hizo de manera pública y desafiante. Plata tiene que haber. Pero que se vea.

Las consecuencias del anuncio presidencial son gravísimas. Colombia tiene actualmente las mayores tasas de desempleo y de informalidad laboral en América Latina. La informalidad no ha disminuido en los últimos tres años a pesar de la recuperación económica. De manera sistemática, año tras año, el Gobierno ha venido encareciendo la generación de empleo y subsidiando la informalidad. Los mayores subsidios han propiciado, como era previsible, un mecanismo de estancamiento social: los trabajadores informales no tienen incentivos para buscar ocupaciones productivas. Y ahora, el presidente Uribe ha anunciado la duplicación de los subsidios de Familias en Acción, una medida que podría cerrar el círculo vicioso, que podría, en otras palabras, profundizar la trampa de informalidad. Paradójicamente el cariño hacia los pobres, enunciado de manera pomposa por el Presidente, contribuiría a asegurar su perpetuación.

Pero las consecuencias no son sólo sociales, sino también políticas. Tres millones de Familias en Acción (en inacción, podríamos decir) representan seis millones de votos mal contados. El programa ampliado, que costaría dos billones de pesos anuales aproximadamente, le garantizaría al Presidente (o a sus allegados) un caudal electoral imposible de derrotar. De prosperar, la propuesta presidencial acabaría con la competencia política, crearía, con recursos públicos, un mecanismo invencible de compra de votos. El Presidente dijo en Magangué que la ampliación del programa debe estar lista antes de terminar el año 2009, el año previo a las elecciones. “Es la única manera como sacamos a este país adelante”, concluyó con un sentido de urgencia que indica la importancia del asunto.

Pero el tema, insisto, no ha llamado la atención de la opinión pública. Los líderes de la oposición y algunos analistas renombrados siguen discutiendo el cierre el Congreso, continúan dedicados al maximalismo irrelevante, a la indignación infructuosa. Con una mezcla de optimismo e ingenuidad, yo sigo creyendo en la importancia del Congreso como foro democrático, como espacio privilegiado de la democracia deliberativa. En mi opinión, el Congreso está en la obligación de propiciar un debate serio e informado sobre las consecuencias sociales y políticas del anuncio presidencial, de la expansión de Familias en Acción. Como diría el mismo Presidente, “pero que se vea”.

agaviria.blogspot.com

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