Por: Cecilia Orozco Tascón

Poder para poder

La Casa de Nariño está amenazada. Una nube espesa de procesos judiciales y esa desazón interna que produce el peligro que no se define pero se percibe, la tienen paralizada.

 Por eso sus funcionarios evitan, no ya tomar decisiones, sino siquiera hablar de un asunto que está en sus manos y cuyo desenlace tendrá consecuencias que el colombiano del común ni se imagina. El coco que se pasea por los pasillos y las oficinas presidenciales aparece y desaparece asustando, intimidando. No a cualquiera, a los de arriba, justo porque estos son los que podrían plantarle cara. Por coincidencia, ese fenómeno paranormal se activó cuando la Procuraduría se metió de lleno en la reelección de su jefe.

El primer tocado por el fantasma fue Germán Vargas Lleras, a quien el Ministerio Público le abrió investigación preliminar por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Deber de todo organismo judicial es impartir justicia. Lo raro es que los datos que involucrarían al ministro con alias Martín Llanos no aparecieron en julio, momento en que la Procuraduría anunció su intención. Reposan en los órganos competentes hace por lo menos seis años y el actual procurador asumió el cargo en 2009, no ayer. El juez disciplinario, sí, muy raro, se puso enérgico cuando crecieron los rumores sobre el impulso que el ministro le estaría dando al exmagistrado Augusto Ibáñez como candidato del presidente Santos a la terna para el nuevo período de la Procuraduría que comienza en enero.

Siguió Aurelio Iragorri, consejero presidencial para asuntos políticos. De acuerdo con la historia relatada, parientes del patriarca le advirtieron al consejero que no se enredara con el delito de tráfico de influencias. Ellos se enteraron —vaya usted a saber cómo— de un mensaje que Iragorri le habría enviado a un parlamentario en que sostenía que “el Gobierno está pendiente de lo suyo”. La sagrada familia había oído, sí, sí, por casualidad, que el consejero estaba aspirando al puesto. Iragorri no ha desmentido una versión según la cual él llamó a la esposa del patriarca a rendirle explicaciones. Y ésta tampoco ha justificado a título de qué interviene en problemas de servidores públicos.

En su recorrido por los recovecos de la Casa de Nariño, el espanto también entró con sus garras al despacho del secretario general, Juan Mesa, puesto en la mira del verdugo porque estaría complotando contra dios. ¿Cómo? Ayudándole al jefe de Estado a encontrar un buen postulado. Finalmente, la Procuraduría reveló el inicio de investigación a tres oficiales de la Armada por el caso Arango Bacci, cerrado, rarísimo, ni hoy ni antier sino al terminar 2009, fecha en que la Corte compulsó copias a las otras autoridades para lo de su competencia ¿El Ministerio Público desempolvó la compulsa por arte de birlibirloque? O ¿recordaría que el superior de los almirantes procesados era, en la época, el ministro Juan Manuel Santos?

Cuenta un meloso redactor del diario caleño que Jorge Arturo Moncada Rojas, yerno del patriarca y quien fuera descrito por otro medio como “el gerente de la campaña reeleccionista encargado de coordinar las componendas políticas ante el Congreso y la Presidencia”, dijo que su “gran” suegro era “muy especial”. Y que Beatriz Hernández de Ordóñez, definida en sitio web como la que “maneja listas de apadrinados” y la misma que le tomó declaración a Iragorri, detalló la emoción que despierta su pareja: “si se sube a un avión, la gente lo aplaude… (y) le grita que es el presidente de 2014. El pueblo está con él y eso a las élites les preocupa”. Vamos para allá, para la Presidencia. Pero con escala técnica en la Procuraduría. Esta es una verdadera lección del pragmatismo maquiavélico que ojalá no escuche, en donde esté, Darío Echandía porque volvería a morir de pena: el poder es para poder.

 

 

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