Por: Gonzalo Hernández

Policía bueno y policía malo

La disminución sustancial de la presencia de cultivos ilícitos en Colombia es una condición necesaria para la paz. Además de ser una de las fuentes económicas que atiza la violencia, la producción cocalera intensifica la debilidad institucional del Estado y sin duda es un punto álgido de nuestras relaciones con los gobiernos que representan a la comunidad internacional.

No obstante, la meta no puede obnubilar la importancia de los medios que son usados. En especial en el contexto actual de nuestro país, con una posibilidad seria de transitar de un estado de guerra a uno de paz, la forma como se haga la erradicación no es un asunto accesorio.     

El Gobierno ha defendido una estrategia mixta, una tenaza, con una combinación de erradicación forzosa y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos —con aparentes incentivos de acompañamiento, asistencia técnica y la promesa de estabilidad económica para los campesinos—.

En principio, parece la típica rutina del “policía bueno y policía malo” —táctica de negociación en un interrogatorio— en la que se le ofrece al sospechoso la posibilidad de salir “a las buenas” si coopera con las autoridades, mientras otro policía, amenazante y con agresividad, le hace sentir al posible delincuente que está dispuesto a todo con el fin de castigarlo, incluso si se pierde acceso a información importante para resolver el caso. Para este último, si es necesario hundir el barco, el barco se hunde.

La negociación no puede quedar solo en manos del policía malo. La combinación de estrategias debería llevar, en la mayoría de los casos, a la erradicación voluntaria. Esta minimiza el conflicto y es la que puede sanar el tejido social que fue lastimado en la guerra. Es además la que reconoce que miles de cultivadores de coca, en lugar de ser grandes capos de la mafia o productores a gran escala, fueron llevados a esta actividad como resultado de la pobreza y la desigualdad que aceptamos por décadas.

Pero algo le está saliendo muy mal al Gobierno si la estrategia solo resulta en erradicación forzosa, con incursiones de las Fuerzas Armadas en los territorios, en lugar de incursiones de paz, inversión social y participación comunitaria.

Ya el fiscal general de la Nación anunció que no se cumplirán las metas. Se esperaba una reducción de 100.000 hectáreas de coca este año, y según el fiscal solo se ha logrado una disminución del 42 por ciento. De los cultivos ilícitos erradicados, el 93 por ciento fue con la intervención de la fuerza pública. Solo 3.000 hectáreas fueron a través de sustitución voluntaria.

¿En lugar de pensar que se necesita más fuerza, no será que el policía bueno necesita ser más persuasivo?, ¿con más recursos para atender a una población que sumimos en los rincones de la ilegalidad y el abandono estatal? Tanto los colombianos como la comunidad internacional, corresponsable y beneficiaria también de la erradicación, deben tener muy claro que los resultados rápidos no son necesariamente los más sólidos, eficientes y estables para la erradicación de los cultivos ilícitos.

Si no se destinan más tiempo y presupuesto a la sustitución voluntaria, a pesar de lo que digan, la verdad es que solo hay un policía malo en la negociación. Triste, desalentador y absurdo que se usen las nuevas vías de la paz para movilizar fuerza y coerción en lugar de integración. En las vías de la paz deben moverse menos soldados para moverse más profesores y médicos. Y debemos llegar a más erradicación voluntaria que forzosa.

* Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana.

 

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