Política de tierras para el cambio climático

Alejandro Reyes Posada
18 de junio de 2017 - 02:00 a. m.

La política de adaptación al cambio climático es la decisión más importante que debe tomar el país para su supervivencia a largo plazo, pero sus acciones deben iniciarse de inmediato, porque lograr sus efectos es una carrera contra el tiempo. Los elementos esenciales son los suelos, las coberturas vegetales y el manejo del agua. Todos tienen que ver con la ocupación humana, con la propiedad de la tierra y con el uso que se haga de ella.

El gran desequilibrio que se ha ido agravando históricamente es el sobreuso de las tierras pendientes de montañas y laderas para la pequeña agricultura y el desperdicio de las mejores tierras planas de llanuras y valles interandinos en ganadería extensiva. El primero ha conducido a la erosión de un 40 % de los suelos y su acarreo por el sistema hídrico, hasta colmatar los cauces de ríos y sistemas de ciénagas que lo regulan, agravando las inundaciones en las tierras planas. La deforestación de las montañas y su reemplazo por cultivos y pastos tapona las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos y, por lo tanto, merma la descarga de caudales en quebradas y ríos.

Cambiar estas tendencias requiere pensar en una seria relocalización de la población y las actividades productivas en el territorio. En primer lugar, debe cerrarse la expansión de la frontera agraria para proteger todas las reservas de selvas Amazónica y Pacífica, y los bosques andinos que sobreviven, que no superan el 10 % de los originales. La política de tierras debe abandonar la colonización como escape a la falta de tierras incorporadas al mercado y afrontar una verdadera distribución de la propiedad con una reforma rural integral, que fue acordada en el proceso de paz con las Farc.

El poblamiento de la colonización coquera debe replegarse a territorios con suelos productivos integrados a los mercados, donde realmente exista la posibilidad de un desarrollo alternativo, para permitir la regeneración natural de las selvas. Muchos de los cultivos ocupan parques nacionales y territorios étnicos, y en ellos, por lo tanto, no caben cultivos alternativos. No se trata de desarrollo alternativo donde el suelo no es apto para agricultura, sino de una territorialidad alternativa para eliminar los cultivos ilícitos.

Todo el sistema de carreteras andinas está amenazado por derrumbes y deslizamientos causados por la colonización y deforestación de los taludes, igual que las poblaciones pobres que localizan sus viviendas en las riberas susceptibles de avalanchas, como la de Mocoa, están en riesgo por la deforestación de las cuencas. Esto hace necesario un plan de reubicación de los agricultores de montaña hacia tierras planas y la reforestación de las partes altas de las cuencas hídricas, para que puedan regular naturalmente los flujos de agua, y la reubicación de población urbana fuera de las zonas de riesgo.

Finalmente, debe recuperarse la circulación de agua en el sistema de ciénagas y humedales de la costa Caribe, afectados por la construcción de diques y jarillones artificiales para desecarlos y usurpar tierras para la ganadería y los cultivos agroindustriales, como ocurre en la Ciénaga Grande del Magdalena y las ciénagas del Sinú, el San Jorge, el Cauca, el Cesar y el Magdalena. Estos objetivos necesitan una nueva ley de tierras con instrumentos eficaces para resolver los conflictos de uso de los suelos, que puedan aprovechar el conocimiento geográfico acopiado por el IGAC y la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) del Ministerio de Agricultura.

alejandroreyesposada.wordpress.com

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