Por: Arlene B. Tickner

Política exterior con complejos

Entre los eslogan que ha desarrollado el canciller Jaime Bermúdez en torno a la diplomacia colombiana, uno de los más simpáticos tiene que ver con el complejo.

Según él, durante mucho tiempo los problemas internos de Colombia se traducían en una política exterior acomplejada, ya que era difícil mostrar una imagen positiva ante el mundo. Si bien el Gobierno saliente ha tenido relativo éxito al vender otra idea de país —mediante estrategias como “Colombia es Pasión” y la repetición en el exterior de la historia de éxito de la política de seguridad democrática— su carácter acomplejado sigue saliendo a flote cuando a Derechos Humanos se refiere.

Como demostró una vez más el vicepresidente Santos con sus declaraciones sobre el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado —que tildó de “mentiroso”, “inexacto” e “hipócrita”— después de varias décadas de escrutinio internacional, el Estado colombiano aún no ha aprendido a reaccionar con compostura y sin pataletas a las críticas que se le formulen. A diferencia de países tan disímiles como China o México —que no evidencian complejo alguno a la hora de reaccionar, en sus respectivos estilos diplomáticos, a cualquier reprobación formulada por el gobierno estadounidense, la ONU u organismos como Human Rights Watch— la costumbre oficial en Colombia es ser defensivo y desmentir mediante el berrinche.

El acomplejamiento proviene de varias fuentes. Primero, al abrirse a los mecanismos internacionales de protección —algo que tanto el informe del Departamento de Estado como el último del Alto Comisionado para los Derechos Humanos le reconocen al gobierno Uribe— y asumir el lenguaje de defensa en el discurso y el diseño de la política pública, prevalece la actitud errónea de que el Estado colombiano ya dio cumplimiento a la normatividad en Derechos Humanos. De allí la indignación de que al Gobierno se le critique por lo que no ha hecho en lugar de celebrar sus logros. Segundo, entre civiles y militares por igual hay reticencia a aceptar que las ONG de Derechos Humanos, locales y transnacionales, gozan de enorme legitimidad internacional y que sus estadísticas son materia prima de todos los informes en Derechos Humanos. En lugar de debatirlas con argumentos fundamentados, la típica reacción oficial es desconocerlas y tildarlas de sesgadas. Peor aún, las mismas ONG que tienen credibilidad en el exterior y cuya opinión es obligatoria escuchar (por ley incluso) son tildadas muchas veces como “enemigos de la patria”.

Una política exterior sin complejos en Derechos Humanos tendría que partir de un reconocimiento triple: de que la especificidad del tema hace que los actores no gubernamentales sean protagónicos en su defensa; que éstos realizan una labor profesional y efectiva en el ámbito internacional que supera muchas veces la diplomacia del Estado, y que se trata de actores legítimos en cualquier democracia, aun cuando son críticos de las políticas gubernamentales. De existir una actitud distinta al patrioterismo barato frente a toda posición que no coincida con las del Gobierno y mecanismos de diálogo genuinos con sus portadores, las ONG y otros representantes de la sociedad podrían convertirse en un apoyo a la política exterior colombiana en lugar de ser vistos como uno de sus principales estorbos.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arlene B. Tickner

Medios a medias

Kim 1 - Trump 0

¿Legado o lastre?

La cuestión internacional

Jerusalén celebra, Gaza se desangra