Por: Arlene B. Tickner

Política exterior y posconflicto

Más allá del balance positivo o negativo que se haga de la política exterior del último cuatrienio, uno de los desafíos centrales que enfrenta el segundo gobierno de Juan Manuel Santos es el diseño de una estrategia en sintonía con las exigencias del posconflicto.

Entre el hecho de que lo internacional no es prioridad en Colombia y que los tiempos políticos y mediáticos son cautivos de la coyuntura interna, el tema ha estado ausente del debate nacional.

Una “diplomacia de la seguridad” viene desarrollándose desde hace varios años sin veeduría ni discusión pública. Sus dos pilares son el programa de cooperación internacional en seguridad, mediante el cual la Fuerza Pública exporta know-how a terceros, y el acercamiento con la OTAN con miras a aumentar la participación colombiana en operaciones de paz. Ambos buscan crear nuevas funciones para el exceso de personal militar y policial que conlleva un escenario de posconflicto.

El entrenamiento de 21.949 individuos de 47 nacionalidades entre 2009 y 2013 ha permitido reforzar la “historia de éxito” que es el centro actual de la política exterior. A diferencia de los dos gobiernos anteriores, cuyas estrategias giraron en torno a la “victimización” por parte del “terrorismo” para suscitar empatía y ayuda externa, Santos emplea una imagen de país “exitoso” ante clubes como la OECD, gobiernos e inversionistas extranjeros. Pero el riesgo es que el mundo ya no vea necesario prestar a Colombia asistencia en la costosa etapa del posconflicto, como se vio en la visita de Santos a Washington a finales de 2013, cuando su propuesta de crear una “alianza para el progreso y la paz” cayó en oídos sordos.

En ese contexto, las relaciones comerciales y la inversión extranjera cobran aún más importancia, pero no a cualquier precio. Aunque existen mínimos éticos comunes como el Global Compact de la ONU para promover buenas prácticas relacionadas con derechos laborales y humanos, medio ambiente y corrupción, en muchos casos la actividad transnacional en Colombia está lejos de ser propicia a la construcción de paz. Dada la centralidad de las industrias extractivas para la economía nacional, el ingreso a la Extractive Industries Transparency Initiative, que busca crear mayor transparencia, consenso y control público sobre el uso estatal de dineros devengados de recursos naturales, es un solo ejemplo de una política comercial-financiera internacional pensada en función del posconflicto.

Finalmente, la solución del flagelo del narcotráfico está también en procesos externos. Aunque casi todo líder de las Farc es acusado de terrorismo o narcotráfico en EE.UU. y la Casa Blanca no puede bloquear las solicitudes de extradición que presente la Rama Judicial, el gobierno de Colombia es quien decide dar trámite o no a éstas. No hay motivo para pensar que la negativa a extraditar desmovilizados de las Farc dañe las buenas relaciones bilaterales. Por otro lado, un desarme guerrillero incompleto o con poca inversión estatal en la reinserción fortalecería los vínculos con las bacrim. Además de la materialización de lo negociado en La Habana, el camino idóneo para enfrentar el problema pasa por la insistencia en distintos escenarios multilaterales en la evaluación crítica y la transformación de la política mundial antidrogas.

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