Por: Eduardo Sarmiento

Política social para Bogotá

La política social ha girado en torno del asistencialismo y ha contribuido a aliviar la pobreza, pero no ha logrado elevar el ingreso relativo de los pobres ni mejorar la distribución del ingreso. Bogotá es una de las ciudades mas inequitativas del planeta.

El coeficiente de Gini pasó de 0,51 a 0,54 en los últimos cuatro años. La configuración de una sociedad equitativa requiere cambios drásticos en salud, educación, vivienda, empleo y tarifas de servicios públicos.

Bogotá ha avanzado en materia de estructura educativa y red hospitalaria; sin embargo, la cobertura universitaria viola el derecho a la educación y el sistema nacional de salud está quebrado. En ambos sectores ha predominado una estructura discriminatoria que ha redundado en salud y educación de excelencia para una minoría y de tercera para el resto de la población. El acceso de los sectores menos favorecidos a los servicios de calidad sólo es posible dentro de una universalización en la cual todos los ciudadanos reciban la misma salud y la misma educación.

Lo primero es intervenir las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) y coordinarlas con la red hospitalaria, para asegurar a toda la población salud preventiva y especializada. Así mismo, es necesario extender, sin contemplaciones, la gratuidad a la primaria y la secundaria, construir nuevos colegios en áreas que permitan la presencia de diferentes estratos sociales y acondicionar las escuelas públicas de mayor nivel para ofrecer los dos primeros años de educación superior profesional y técnica.

En la última década el empleo generado por el sector privado fue insuficiente. Los nuevos empleos anuales giran alrededor de 90.000 personas. El Distrito tiene que intervenir en la creación de por lo menos 30.000 ocupaciones para garantizar un descenso del desempleo y su estabilización alrededor de 7%. El propósito se puede lograr con una mejor gestión en las obras públicas, que elimine los sobrecostos y eleve el porcentaje de la nómina en los proyectos, y con la destinación de recursos presupuestales para financiar la vivienda de interés prioritario (VIP) y la construcción directa de viviendas para los sectores más necesitados de la población.

La manifestación más grave del deterioro laboral está en la informalidad, que mantiene a la mitad de la población con ingresos por debajo del salario mínimo y sin seguridad social. Sin duda, Bogotá puede ser un experimento piloto para la inclusión de la fuerza de trabajo en el sistema formal. La tarea se podría adelantar con un programa orientado a crear 150.000 empleos formales en cuatro años; el costo ascenderá $800.000 millones y se financiaría con un fondo de excedentes de las empresas de servicios públicos.

Las privatizaciones han sido un palo en la rueda. Las empresas y las concesiones se entregaron por debajo del valor real y emplean sus poderes para establecer precios por encima de los costos. En consecuencia, los sectores menos favorecidos destinan una parte creciente de sus ingresos a los servicios públicos, que en el caso de los estratos 1 y 2 supera el 30%. La ciudad está en mora de desactivar el proceso.

Las reformas descritas marcarían un viraje del asistencialismo hacia el Estado social de derecho. Sus elementos centrales estarían representados por la universalización de la salud y la educación, los derechos fundamentales de empleo y vivienda y la reducción de las tarifas de servicios públicos para los estratos menos favorecidos. Los ingresos de los pobres aumentarían por encima del promedio, la distribución del ingreso mejoraría y el mercado interno se ampliaría con efectos multiplicadores sobre toda la economía.

A la luz de estas reflexiones, en días pasados adherí a la campaña de Gustavo Petro y hoy la ratificaré con el voto. De lejos, es el candidato con el liderazgo y la sensibilidad para construir una política social de derechos.

 

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