Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Política y justicia, o viceversa

No soy peñalosista. Como otros miles de habitantes de Bogotá, siento una irritación casi personal contra el alcalde. Y sí: votaré la revocatoria, si es que alguna vez la convocan. Pero lo que está sucediendo con el secretario de Movilidad de la capital, un Bocarejo, me parece a la vez descabellado y sintomático. El episodio es fácil de comprender en sus trazos más gruesos. Bocarejo, un ingeniero civil, se dedicaba a estudiar problemas de tránsito; de manera más bien sorprendente, lo escogieron para trabajar en un cargo para el que sí estaba preparado. En su prehistoria como profesor universitario, llevó a cabo una consultoría sobre Uber, en la que al parecer llegaba a conclusiones positivas sobre esa plataforma tecnológica. Ahora, la Personería le abre un pliego de cargos, bajo el argumento de que hubiera debido declararse impedido para trabajar el tema.

Esto revela una abismal confusión entre las funciones de un juez y las de un funcionario de la Rama Ejecutiva. Yo no quiero que un juez prejuzgue; si lo hace, se inhabilitará. Tampoco quiero que un empleado público adopte medidas por interés personal, por ejemplo para aumentar su patrimonio. Pero sí desearía —de hecho, exigiría— que un tomador de decisiones en la alta burocracia nacional o distrital “prejuzgara”: es decir, que tuviera convicciones fuertes, una trayectoria seria en el sector relevante en el que opera, visiones y programas. Por eso, la autojustificación que presentó Bocarejo mismo en la televisión me pareció floja: él, dijo, está apenas implementando decisiones de nivel nacional, etcétera, etcétera. No se le ocurrió simplemente recordarnos —cosa que también es sintomática— que está ahí para participar en un equipo de gobierno, y por lo tanto para decidir.

El lector recordará que a Petro —a quien también critiqué como alcalde varias veces en esta columna— lo pretendieron sacar y/o inhabilitar porque adoptó políticas específicas con respecto de las basuras. Afortunadamente, el Consejo de Estado, en un acto de sensatez, acaba de levantar esa estúpida sanción. La suplantación de la función de gobierno por la judicial —que en Colombia viene de muy, muy atrás— opera de manera análoga en el caso Bocarejo. Yo puedo estar de acuerdo o no con que Uber funcione en Colombia —este es un debate global—, pero independientemente de mi posición me alegra saber que en el Gobierno distrital hay un tipo tomando decisiones acerca de un tema sobre el que es competente, al que ha estudiado y con quien por lo tanto en principio se podría discutir.

Si el lector no está convencido, haga una analogía —que en este caso creo que funciona— con la política nacional. ¿Quisiéramos, cierto, que los candidatos presidenciales estuvieran total, absoluta, radicalmente “inhabilitados”, en el sentido en que lo dice la Personería? ¿Que tuvieran posiciones firmes acerca de temas cruciales de gobierno, como paz, inequidad, seguridad, crecimiento económico? Afortunadamente, hoy en día las cosas tienden a operar así. Verbigracia: nadie podría tener dudas sobre lo que piensa hacer De la Calle en punto a la paz: implementar los acuerdos (espero que los originales, no ese guiñapo que va quedando de este proceso-manoseo que se desarrolla ante nuestros ojos). Nadie podría tener dudas sobre lo que pensará hacer el candidato del Centro Democrático: continuar con las políticas básicas de los gobiernos de Uribe. Y así sucesivamente. Hay excepciones, claro. Pinzón está consultando su programa con la gente: pero esta anomalía no es demográficamente relevante, pues cubre sólo al parentesco más inmediato (segundo grado de afinidad y consanguinidad, como mucho) del candidato.

La interacción entre lo judicial y lo político puede ser muy positiva, neutra o muy negativa. Lo de la Personería de Bogotá es ejemplo de lo último. La renegociación de facto del acuerdo de paz que estamos viendo también lo es. Pero sobre esto me detendré en la próxima columna.

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