Por: Juan David Ochoa

Política y muerte

La contienda preelectoral en Colombia sigue incrementando sus muertos. Siete candidatos de partidos oficiales y alternativos han caído en las últimas semanas, y un número creciente entre el trabajo de campañas silenciosas: recolectores de firmas, asesores, voceros o jefes de prensa. Una vez más, como en todos los desbordes de un Estado inútil y avasallado por la población que aún no puede contar por mediocridad y desidia, las causas siguen siendo misteriosas y provenientes de extraños fenómenos de los espíritus según los reportes de los gabinetes. El gobierno envía a su ministro de defensa, desconocedor de todo el interior del bajo Cauca por el cuidado de sus suelas, para que informe y jure la proximidad de las investigaciones sobre esa nueva amenaza: ese lugar común en la jerga de la ineficacia espantada por su propia nulidad y sus efectos.

Los candidatos siguen cayendo por causas internas en cada región marginada, y las causas obedecen a la tormenta perfecta de todos los monstruos engendrados entre los vacíos que deja el Estado en sus rastros de fantasma destructor por omisión y letargo: una economía ilegal generalizada entre la minería, el narcotráfico, el gamonalismo tradicional que no puede ahora señalar al viejo y fácil enemigo de sus crímenes, y el caciquismo aliado con bandas que resguardan ahora sus cultivos y cocinas con armas compradas en los bajos mundos del trueque y el comercio entre las fuerzas de las instituciones oficiales y las disidencias atragantadas por su decadencia. Los candidatos elegidos por los clanes instaurados en cada región son defendidos a muerte contra los nombres que amenacen su victoria y las regalías futuras de sus imperios.

La oscuridad tiene tanta magnitud que las viejas Farc tienen ahora el aura de esa antigua amenaza controlable que podía identificarse fácilmente por su dominio y su evidencia numérica en los territorios. Ahora, después del despeje de un grupo armado y obediente a las directrices de una estructura, solo quedan los monopolios de terratenientes asesinos y herederos de las nuevas economías ilegales que saben que pueden actuar en sus tierras por la ausencia absoluta del Estado y por la desaparición mayoritaria de ese monstruo dominante que entregó sus armas para dejarles el camino y el futuro. El gobierno, por supuesto, insiste en la amenaza latente de las disidencias como una fuerza criminal capaz de cumplir sus amenazas por la suficiencia de sus armas y el resentimiento conocido contra el establecimiento, pero al monstruo general y desbordado no lo nombran aún en sus comunicados oficiales por los peligros de verse expuestos como un gobierno incapaz de controlar su implosión, y porque ya les sigue quedando muy mal atribuirle al gobierno pasado los estragos del presente. La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha reiterado su intención de seguir “trabajando en el fortalecimiento de medidas que garanticen la seguridad de los candidatos”. No habla la ministra de los 115 actores políticos amenazados que ha registrado la Misión de Observación Electoral, y de la imposibilidad natural de custodiarlos, y no suele hablar de las regiones donde el Estado aún no llega desde los tiempos ancestrales en que las élites tomaron el poder para iluminar sus patios, aunque en sus zonas aledañas se despeñara el mundo.

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