Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Políticas contra el público

Los otros días el flamante director (encargado) del programa de sustitución de cultivos ilícitos, PNIS, Hernando Londoño, concedió a este diario una entrevista  en la que se dedicaba a atacar a los campesinos que se involucraron en el programa bajo su dirección. Extravagante –pero en el fondo consistente— posición esa, la de rociar con algún líquido dañino a los ciudadanos que le apostaron a un programa impulsado por el Estado. La entrevista destila veneno, pero además revela la ignorancia inaudita de Londoño. Dice por ejemplo que “a duras penas” el programa ha sustituido 41 mil hectáreas. ¿Se dará cuenta de la enormidad que está diciendo? Pues este gobierno echó voladores cuando resultó que, según conteos internacionales, el número de hectáreas de coca había disminuido en 2 mil (a propósito, sin darle ningún crédito ni al PNIS ni a los campesinos).

41 mil hectáreas es una cifra grandísima desde cualquier punto de vista, que revela las bondades del programa. Pero el señor Londoño evidentemente no es director encargado, sino sepulturero encargado. En la entrevista deja patentes su ignorancia y mala fe. Desinforma respecto del número de líderes de sustitución asesinados, contradiciendo todas las fuentes disponibles. Lo mismo sucede respecto del cumplimiento de los campesinos que participaron en el programa. Afirma de manera irresponsable: “Estamos encontrando que la familia inscribió media hectárea, pero detrás de la montaña tiene otras dos”. ¿Cuál familia? ¿Cuántas? Londoño no dice que el programa ha tenido un seguimiento formal por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que llegó a conclusiones totalmente distintas: el cumplimiento ha sido masivo. ¿Está en desacuerdo Londoño? ¿Con qué información cuenta para justificar su aserción? Anuncio que le estaré enviando un derecho de petición con estas preguntas.  

Con razón dijeron los campesinos que se sentían traicionados (Ver: 'Gobierno traicionó a los campesinos que dejaron sus cultivos de coca': líder campesino). Obviamente, a Londoño le tiene sin cuidado el número de hectáreas sustituidas: lo que le importa es encontrar pretextos para poder fumigar a los campesinos, con un producto que muchos tribunales en Europa y Estados Unidos ya han encontrado que es cancerígeno. El Gobierno, a su vez, adelanta esta política de envenenamiento masivo de sus propios ciudadanos --una expresión increíble de barbarie— para satisfacer a los gringos y en particular a Trump. Generando, claro, grandes enfrentamientos. Esto ya le ha costado la vida a un campesino afro, y por desgracia es probable que siga haciéndolo.

Estas no son políticas públicas: son políticas contra el público. Como lo es el negacionismo de Darío Acevedo, otro liquidador, esta vez del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso sí, frente a auditorios internacionales de pronto adopta el tono de un niño asustado: tenía la carta, pero la mandé mal. “Sí hice la tarea, pero la dejé en casa”. La conclusión de Acevedo, si le entendí bien, es que en realidad aceptaba que había conflicto armado en Colombia, pero defendía la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho de creer lo que parezca, dijo (palabras más, palabras menos).

Lo cual de nuevo revela un infantilismo impresionante. Pues este no es un asunto de opinar o no opinar, sino de las implicaciones para otros. Si, por ejemplo, yo creo que la medicina moderna no sirve para nada y propongo que en lugar de EPS hay que abrir templos y que la gente se ponga a rezar, estoy en todo mi derecho. Pero si me meto a ministro de Salud, seré muy tonto si no preveo que se armará un escándalo sobre mi nombramiento. Son cosas que en realidad entiende cualquier adulto: aquí la cuestión no es la libertad de expresión sino las opciones de vida. Puedes armar tu carrera alrededor de la negación del conflicto. Pero entonces no te metas a dirigir el centro que trata de construir la memoria sobre esa misma guerra cuya existencia estás negando.

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