Políticas para el desastre

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Hemos contemplado durante las últimas semanas una corriente ininterrumpida de escándalos que involucran al Ejército y a la Policía en ataques brutales contra la población civil. Ellos se pueden dividir en tres categorías. Primero, los eventos puramente predatorios, en donde uniformados aprovechan sus fueros y la vulnerabilidad de las víctimas. Segundo, eventos en donde se le pone a un sector de la población el marbete de enemigo interno, coligiendo de ahí el derecho de disparar sobre él. Esto no es ninguna exageración: véase por ejemplo el escandaloso comportamiento de la Fuerza de Tarea Omega durante la ofensiva de erradicación forzada de cultivos ilícitos, y las igualmente escandalosas justificaciones de tal comportamiento por parte de su comandante. Tercero, eventos en los que diversos uniformados perciben que la situación de orden público y el tipo de población con el que lidian —generalmente personas pobres y vulnerables— les permite el uso excesivo de la fuerza, lo que termina con muertos y heridos graves.

Sumadas, estas tres categorías han acumulado en unas pocas semanas un grotesco expediente de muertes y violaciones. Que esto haya sucedido justo cuando el partido de gobierno acababa de aprobar un proyecto de acto legislativo de cadena perpetua para los violadores de niños —abusadores, como diría la fiscalía de Catón-Cantinflas— simplemente revela de manera más aguda y penosa las razones por las que se producen aquellos escándalos. Es muy fácil demostrar que los castigos extremos para ataques contra niños —inicialmente se había planteado la pena de muerte— fueron pensados por el Centro Democrático como un garrote para golpear a la paz. Pero ahora, cuando la liebre salta por el lado de las agencias de seguridad del Estado, los valientes defensores de la niñez o callan con silencio sepulcral o corren a solidarizarse con el victimario.

No es casual. La política del partido de gobierno frente a tales agencias es una permanente influencia corruptora. Ella se puede resumir en cinco principios operacionales. Primero, alentar el escalamiento y la desproporcionalidad en el uso de la fuerza. Lo podríamos llamar la “doctrina Mafe Cabal”: el Ejército es una fuerza que entra matando. O “doctrina Álvaro Uribe”: hagan masacres con sentido social. Segundo, ponerse del lado de cualquier presunto violador estatal de derechos humanos. Tercero, promover a los oficiales encartados en denuncias relacionadas con tales hechos. Cuarto, imponer el castigo ejemplar de quienes denuncien. Eso sí que lo hemos visto masivamente durante este gobierno. Desde las purgas de supuestos militares soplones hasta el encarcelamiento —bajo la égida de Catón-Cantinflas— de los valientes policías que interceptaron las llamadas del entonces poderoso Ñeñe Hernández, “el que la hace la paga”. “Hacerla” quiere decir en este caso meterse con alguien intocable. Quinto, la revictimización continua. La niña embera no fue violada: fue abusada. A esto también le podríamos poner un nombre: “el supuesto del recogedor de café”.

Colombia viene de un conflicto armado , puede que para mantener su puesto, pero no importa—eso ya lo admitió hasta Acevedo, puede que para mantener su puesto, pero no importa— muy complicado, que ha generado múltiples distorsiones. Naturalmente, eso se refleja también, quizás sobre todo, en las agencias de seguridad. Pero las políticas del uribismo, encarnadas en los cinco principios operacionales enunciados arriba, ejercen un continuo efecto deletéreo sobre el comportamiento y desempeño de ellas, y de resultas, como mostré en una columna anterior, sobre su percepción por parte de los colombianos. En efecto, si la fuerza pública repetidamente ataca de manera extrema a ciertos sectores de la ciudadanía, ¿qué le queda en realidad de pública? A esto se le llama jugar con fuego.

Una de las formas de ver que el uribismo es muy sistemático en todo esto es a través de los nombramientos. No, presidente: no es una conclusión “ideológica” o “anacrónica”. Ni más ni menos que Reagan dijo alguna vez que “los nombramientos son la política”. Y la política de Duque así expresada envía señales inequívocas y terribles.

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