Por: Alvaro Forero Tascón

Populismo antipunitivo

La principal bandera del partido de gobierno es, cada vez más, cambiar los órganos de justicia. La pregunta es si es una posición de principios o de conveniencia, basada en los procesos judiciales de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, Mario Montoya, etc.

El uribismo ha construido una batería de iniciativas de reforma de las estructuras judiciales: reformar todas las cortes, reformar la JEP, reformar el procedimiento penal para los aforados. Si lograra crear una sola corte, cambiaría una tradición judicial antigua que tendría efectos profundos sobre todas las instancias judiciales. Aunque concentraría el poder judicial en un solo órgano, terminaría reduciendo el de la Rama Judicial frente al Ejecutivo y el Legislativo. Y con el poder para golpear las cortes vendría la capacidad de establecer un mecanismo de elección de los magistrados en que los políticos se asegurarían de que no los vuelvan a tocar.

Si lograra crear una sala especial dentro de la JEP para juzgar a militares, o nombrar nuevos magistrados para que lo hagan, cambiaría la esencia de los acuerdos de paz, basados en que se juzguen en las mismas condiciones todos los crímenes cometidos en el conflicto armado. Si el juzgamiento a militares resultara en que no se aportara verdad, se habría cometido un fraude a millones de ciudadanos que quieren conocer toda la verdad.

Si lograra que se aplicara la doble instancia retroactivamente, se podrían cambiar las condenas por parapolítica y por el Proceso 8.000, poniendo en riesgo el principal logro de la sociedad colombiana contra la corrupción política.

Si lograra convocar una constituyente para hacer estas reformas, el país podría quedar expuesto a que los populismos autoritarios, de derecha y de izquierda, debilitaran gravemente la democracia.

En su esfuerzo por reformar los órganos de justicia, el partido de gobierno combina las formas de lucha. Por una parte, usa el populismo para presentarse como la encarnación del pueblo puro luchando contra la “élite corrupta” de la justicia, buscando desprestigiarla también para reducir el daño político de las innumerables condenas e investigaciones a sus copartidarios y miembros del gobierno Uribe. Por la otra, busca aliarse con el clientelismo, a través de algunos congresistas a los que fustigaba por corruptos durante el gobierno anterior, porque estos resienten las más de 90 condenas a parlamentarios que han impartido las cortes.

Pero la inquina contra la justicia no es solo por las sentencias por corrupción, sino también por el freno a la segunda reelección de Álvaro Uribe, el freno al perdón total a los paramilitares que intentaron inicialmente en el proceso de paz con las Auc, la eliminación de preguntas del referendo de 2003 como la que prorrogaba el periodo de los alcaldes, la aceptación de la ley que aprobó los acuerdos de paz, las limitaciones al glifosato, entre muchas decisiones de las cortes para defender la Constitución de los permanentes ataques desde los gobiernos y el Congreso.

En el fondo, el problema es que a pesar de su gran influencia política durante este siglo, el uribismo, por su naturaleza caudillista, ha logrado cambiar parte de la cultura política, pero no las instituciones, que son fuertes y actúan para controlar el autoritarismo.

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2019-07-15T03:00:00-05:00

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2019-07-15T03:00:02-05:00

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