Por: Augusto Trujillo Muñoz

Por ahí no es la cosa

En los últimos trescientos años la humanidad asistió a unas revoluciones liberales, a una revolución industrial, a unas revoluciones socialistas, a una revolución cibernética y, ahora, el siglo xxi trajo consigo una revolución judicial.

Así lo dijo el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el marco del sexto encuentro de la jurisdicción constitucional, mientras formulaba diversas críticas al proyecto oficial de reforma a la administración de justicia. De alguna manera esa tesis se identifica con la de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia que, hace cerca de un año, sentenció: este es el siglo de los jueces.

Uno y otro coinciden en privilegiar tanto la investidura como el rol del juez frente al resto de las autoridades del estado pero también, y sobre todo, frente a los demás sectores vitales de la sociedad. Semejante juicio no se corresponde con la realidad. Lo que ha habido es una revolución en el ámbito del derecho, que no es lo mismo: la revolución no es judicial sino jurídica.

En efecto, lo que se produjo en las últimas décadas fue una honda transformación en el derecho. Su constitucionalización lo conectó directamente con la realidad social y eso supuso un cambio en el rol judicial, pero también en la responsabilidad y en la prudencia de los jueces. Han de abandonar el formalismo que había hecho de ellos la boca muda de la ley, pero no pueden llegar al extremo de convertirse en los protagonistas exclusivos del derecho.
 
El instrumento de cambio no son los jueces sino el derecho mismo, cuya connotación reguladora permanece, enriquecida con un sentido emancipador del que carecía antes, cuya razón fundamental es la sociedad, incluso por encima del estado. No debe sorprendernos: los tiempos que corren demandan más sociedad que estado y el derecho necesita inscribirse cabalmente en la dinámica social.

Tesis como la de la revolución judicial o la de que el mundo vive en el siglo de los jueces han servido pero apuntalar la independencia del poder judicial, pero también para que los jueces capturen el derecho. La consecuencia forzosa –y no precisamente democráticas- es una elitización el derecho que hace imposible las reformas a la administración de la justicia sin el consentimiento de la cúpula judicial. Como decía el viejo López, por ahí no es la cosa.

Juristas famosos –el norteamericano Barry Friedman y el suramericano Roberto Gargarella, por ejemplo- aceptan el ‘control judicial’ porque saben que, como está diseñado, se basa en un principio democrático, pero se quejan de la ‘supremacía judicial’ pues ninguna de las ramas del poder público debe prevalecer sobre las otras y menos aún a partir de sus propias decisiones.

En ese marco ha surgido una corriente dentro del derecho, que los especialistas conocen como ‘constitucionalismo popular’, la cual se queja del elitismo que se pasea por las cúpulas judiciales y que ha permeado a no pocos sectores de la comunidad jurídica. Son, por cierto, los mismos que hablan de revolución judicial, del siglo de los jueces, de que el derecho es fundamentalmente lo que digan los tribunales.

Lo curioso es que utilizan tales afirmaciones para defender el status quo, responsabilizar a terceros de las fallas de la justicia y oponerse a cualquier reforma que intente modificar las competencias de las altas cortes. Así solo se puede adelantar la reforma que quieran los altos jueces, no la que pida la sociedad. Eso es lo que parece estar ocurriendo actualmente en Colombia. Y por ahí no es la cosa.

*Ex senador, profesor universitario  [email protected]

 

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