¿Por cuenta de... quién?

LA FRASE DIRIGIDA A UN COMANDANte de la policía: “acábenlos… y por cuenta mía, no se preocupe”, es aterradora.

Tanto, que si le preguntaran a un italiano quién la dijo, podría contestar que seguro que es alguien de la Cosa Nostra quien ha dictado una sentencia del estilo de las de don Vito Corleone. A nadie se le podría pasar por la cabeza que esa orden pudiera ser pronunciada por el presidente constitucional de un país con Estado de Derecho.

El vocablo “acábenlos”, que aludía en este caso específico a dos delincuentes despreciables pero de todas maneras colombianos con derechos según lo indica la Constitución, se interpreta aquí, donde poblaciones enteras han sido aniquiladas y miles de personas desaparecidas, como sinónimo de “extermínenlos” o de “mátenlos”. En el contexto de nuestra historia reciente ese error —que se espera sea semántico— es delicado no sólo por el significado que se le da, sino porque proviene de quien se ha convertido en el faro, luz y guía del 91% de los encuestados.

Si a la desafortunada expresión se le añade el complemento: “… y por cuenta mía, no se preocupe”, el asunto adquiere una dimensión francamente grave. No en Colombia, donde parece que ya a nadie le importa cuáles son los medios con tal de lograr el gran fin, sino en el concierto jurídico internacional pleno de garantías vigentes, como lo ha demostrado el tribunal que adelanta el juicio del genocida serbiobosnio Radovan Karadzic.

Los radovanes criollos apodados Yiyo y Memín no merecen tapete rojo de bienvenida, claro está. Sin embargo, hasta cuando la Carta del 91 rija, ellos y los demás criminales tienen derecho a que, como primera opción, las autoridades intenten capturarlos vivos, en vez de entregar sus cadáveres cual trofeos de guerra del lejano oeste americano. ¿Por qué los asesinos y torturadores sí pueden gozar de las consideraciones que sus víctimas no tuvieron?, argumentarán ávidos de sangre los adictos al circo romano que, sentados en su silla de espectadores, se sienten mejores personas que aquellos a los que quieren castigar. La respuesta es que los Estados se llaman así gracias a que tienen normas supremas que cumplen y que hacen cumplir. La diferencia entre la legitimidad y la ‘ley’ abusiva del fuerte contra el débil, es la del respeto a los derechos de los buenos ciudadanos y de los antisociales de la peor laya. Por la dignidad de Colombia y por la suya propia, el presidente Uribe le debe una aclaración al mundo por la utilización de ese ominoso lenguaje.

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Siempre es más rentable estar del lado del poder que en el terreno árido de quienes lo confrontan. Implacables críticos de los políticos de otros tiempos aparecen ahora de defensores de los políticos tampoco santos de hoy, y de censores de los jueces. Sin conocer los procesos, las pruebas, los testimonios y la realidad in situ de los hechos, deciden, subidos en el trono de su soberbia, quiénes son inocentes, quiénes están bien condenados. Hasta paridad pero no judicial sino de nuevo política, les exigen a los juzgadores como única demostración válida de su imparcialidad: si hay culpables de la parapolítica tienen que encontrar un número igual en la farcopolítica. El sesgo ideológico de los comentaristas no les permite ver que una cosa es actuar con la anuencia social y por eso expandirse a sus anchas dentro del Estado, y otra tratar de destruirlo y sustituirlo. ¡Qué distorsión! La Corte Suprema queda notificada. Se ha activado la segunda fase de la estrategia para “acabarla”. La tercera y última es la reforma.